Por Ana Chacón Mora.Los esfuerzos de la Administración Solís Rivera en la lucha contra la corrupción fueron compensados con el reconocimiento mundial al subir de 54 puntos, a inicios de este gobierno, al lugar 59 del IPC mundial 2017.

A nivel Latinoamericano el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 –que es una medición que incluye a 180 países y territorio – ubicó a Costa Rica en el tercer lugar, detrás de Uruguay (70 puntos) y Chile (67 puntos) y en el primer lugar a nivel Centroamericano, sin embargo, los 59 puntos obtenidos en la calificación global no alcanzaron para colarse en el grupo de los países intermedios altos. “No pasamos el curso” señaló Evelyn Villareal, del CICAP, cuando presentaba los datos.

“El IPC no mide directamente el desempeño del Gobierno ni del Poder Ejecutivo. Lo que mide, más bien, es el clima país. Es la percepción de actores claves (expertos, académicos y empresarios), que son consultados sobre el clima de corrupción o no corrupción que perciben en el sector público de su país. No mide puntualmente prácticas o escándalos” dijo Villareal.

Mayela Cubillo, directora del Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP/UCR), explicó que el IPC es un índice compuesto sobre la percepción del clima de corrupción en el sector público, que utiliza encuestas y opiniones de expertos.

Sobre los peligros a que se expone un país, Cubillo resaltó que la corrupción socaba las instituciones, el estado de derecho pierde credibilidad, propicia la impunidad, atenta contra la democracia, desvaloriza sus méritos y logros. Recordó los grandes escándalos de corrupción de Oderbrecht y los Papales de Panamá que impactaron fuertemente gobiernos democráticos de la región. “La corrupción es sistémica”, afirmó.

Agregó que además, la corrupción pone en peligro las democracias porque propicia la aparición de políticos populistas que conducen a regímenes autocráticos, que limitan la libertad de prensa y el accionar del Poder Judicial.

Entre las medidas anticorrupción que precisa tomar el país, la directora del CICAP señaló el compromiso serio de los miembros de los poderes de la República, la protección de la libertad de prensa, de periodistas y medios de comunicación “porque tienen el poder de informar y sensibilizar a la opinión pública”. La participación de la ciudadanía en la prevención y detección de la corrupción. Así como el compromiso de las universidades públicas porque son las que producen conocimiento. Y agregó “la corrupción es un reto que tiene toda la sociedad costarricense”.

El informe IPC 2017 fue producido por Transparency International y la Asociación Costa Rica Íntegra, este año, con la alianza estratégica del Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP/UCR) donde se llevó a cabo la presentación.

Datos de Costa Rica

En la edición del IPC 2017, se observa el avance de Costa Rica con un avance de 5 puntos en los últimos cuatro años. Si bien mantiene la tendencia a la alza de los últimos años (2012/16) se desacelera en el último año con una mejora neta de un solo punto, para alcanzar un índice de 59/100.

El actual gobierno de la República definió el IPC como indicador de cumplimiento del Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-18. El PND puso como meta llevar al IPC a 66/100 al terminar la Administración Solís Rivera. Con ese parámetro, la calificación obtenida significa un ritmo de progreso insuficiente y un significativo camino que recorrer para los próximos años.

Eduardo Núñez, presidente de CRÍntegra señaló que “esta calificación, si bien implica un leve ascenso en comparación con los períodos anteriores, muestra un crecimiento lento; y la meta establecida en el PND quedó en deuda”.

Esta organización hace un nuevo llamado para que las instituciones del Estado, al sector privado, a la sociedad civil organizada en sus diferentes expresiones asociativas, la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, a integrar y alinear esfuerzos dentro de una estrategia, plan o política nacional de transparencia, anticorrupción y probidad, que defina en mediano y largo plazo las acciones de reforma normativa, política, institucional, procedimental y cultural, para combatir el fenómeno de la corrupción y su acción corrosiva sobre el buen gobierno y nuestra democracia.

CRÍntegra propone: reducir la impunidad, impulsar una cultura de legalidad y prevención de la ilegalidad, construir acuerdos nacionales de orden político e intersectorial, que dote de estabilidad a la estrategia nacional anticorrupción.

CRÍntegra recomendó que el contexto de un nuevo gobierno sea aprovechado para impulsar el Primer Plan Nacional Anticorrupción, el cual deberá contener al menos los siguientes puntos:

* Contar con un plan de mediano y largo plazo, con monitoreo y evaluación.

* Sectores involucrados que acuerden metas y estrategias de acción conjuntas.

* Priorización de recursos, evitar duplicidad de acciones y mejorar la ejecución.

* Cumplimiento de compromisos internacionales

América Latina y Caribe las percepciones no registran cambios pese a los avances

América Latina y el Caribe lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción. En muchos países de la región existen ahora leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno, las investigaciones legales están avanzando y los movimientos ciudadanos anticorrupción se han incrementado. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, la región continúa con bajos puntajes.

El ÍPC de este año destaca que la mayoría de los países están logrando poco o ningún progreso para acabar con la corrupción, mientras que análisis posteriores muestran que periodistas y activistas en países corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por hablar.

Este año, el índice encontró que más de dos tercios de los 180 países evaluados obtuvieron puntajes por debajo de 50, con un puntaje promedio de 43. Desafortunadamente, en comparación con los últimos años, este pobre desempeño no es nada nuevo.

Este año, Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntajes de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen el puntaje más bajo con puntajes de 14, 12 y 9 respectivamente. La región de mejor desempeño es Europa occidental con un puntaje promedio de 66. Las regiones con peor desempeño son África subsahariana (puntaje promedio 32) y Europa oriental y Asia central (puntaje promedio de 34).

Desde 2012, varios países mejoraron significativamente su puntaje índice, incluidos Côte d'Ivoire, Senegal y el Reino Unido, mientras que varios países disminuyeron, incluidos Siria, Yemen y Australia.

Análisis de Investigación

Un análisis más detallado de los resultados indica que los países con la menor protección para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) también tienden a tener las peores tasas de corrupción. Cada semana, al menos un periodista es asesinado en un país altamente corrupto.

El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de 9 de cada 10 periodistas fueron asesinados en países que obtuvieron un puntaje de 45 o menos en el índice.

“Ningún activista o periodista debería temer por sus vidas al hablar en contra de la corrupción. Dadas las medidas enérgicas actuales contra la sociedad civil y los medios de todo el mundo, tenemos que hacer más para proteger a los que hablan abiertamente”, dijo Patricia Moreira directora general de Transparencia Internacional.

Las cinco recomendaciones

La experiencia de Transparencia Internacional de primera mano trabajando en más de 100 países de todo el mundo muestra que los activistas y los medios de comunicación son vitales para combatir la corrupción. Como tal, Transparency International hace un llamamiento a la comunidad global para que tome las siguientes medidas para frenar la corrupción:

* Los gobiernos y las empresas deben hacer más para alentar la libertad de expresión, los medios de comunicación independientes, la disidencia política y una sociedad civil abierta y comprometida.

* Los gobiernos deberían minimizar las regulaciones sobre los medios, incluidos los medios tradicionales y nuevos, y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a la represión o la violencia. Además, los donantes internacionales deberían considerar la libertad de prensa como relevante para la ayuda al desarrollo o el acceso a las organizaciones internacionales.

* La sociedad civil y los gobiernos deberían promover leyes que se centren en el acceso a la información. Este acceso ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que reduce las oportunidades de corrupción. Sin embargo, es importante que los gobiernos no solo inviertan en un marco legal apropiado para tales leyes, sino que también se comprometan con su implementación.

* Los activistas y los gobiernos deberían aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para abogar e impulsar las reformas a nivel nacional y mundial. Específicamente, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales y alinearlas con los acuerdos internacionales y las mejores prácticas.

* Los gobiernos y las empresas deberían divulgar proactivamente información relevante de interés público en formatos de datos abiertos. La divulgación proactiva de datos relevantes, incluidos los presupuestos gubernamentales, la propiedad de la empresa, la contratación pública y las finanzas de los partidos políticos, permite a los periodistas, la sociedad civil y las comunidades afectadas identificar patrones de conducta corrupta de manera más eficiente.

El IPC es elaborado desde hace 22 años por Transparency International y constituye una de las fuentes más utilizadas y reconocidas a nivel mundial para comparar la presencia de corrupción entre los países. La contraparte nacional es Costa Rica Íntegra y en 2016 se sumó el Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP/UCR) donde se llevó a cabo la presentación del Índice, este 21 de febrero. 

(Enlace: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017www.transparency.org)