La crisis empezó a gestarse cuando los políticos se apoderaron del Poder Judicial: José M. Arroyo

José Manuel Arroyo, abogado especialista en derecho penal, exintegrante de la Sala III hasta hace año y medio, nos da a conocer su visión de la crisis que explotó en el Poder Judicial desde hace varios meses y que ha provocado la destitución de Celso Gamboa, la salida abrupta del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y la sanción impuesta a todos los miembros de la Sala III Penal, entre otros hechos recientes. 

Las situaciones relatadas por Arroyo son desconocidas e impactantes para la mayoría de los costarricenses y constituyen, además, una voz de alerta para impedir que continúe la injerencia maliciosa de los políticos en el Poder Judicial, cuya transparencia y objetividad es indispensable para la convivencia democrática.

"Lo que está sucediendo no le sirve a nadie: ni a los ricos ni a los pobres, ni a los buenos abogados ni a los malos abogados, no le sirve a la justicia, ni a la democracia", sentencia el exmagistrado en entrevista con Informa-tico.com

 

La crisis en el Poder Judicial ha sorprendido a los costarricenses en los últimos días. ¿Cuál es a su criterio el origen del problema?

En mi criterio, lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, de que algunos magistrados se volvieron corruptos de un día para otro. Esto empezó a gestarse hace muchos años, cuando los políticos empezaron a nombrar magistrados en la Sala Constitucional y en la Sala III (Penal) con encargos, para que resolvieran asuntos específicos de su interés.

Los dos casos más determinantes fueron el tema de la reelección presidencial, en el 2003, y los procesos judiciales contra los expresidentes (Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez) que iniciaron en 2004.

Con esa lógica, los diputados empezaron a nombrar en la magistratura a personas sin los atestados, la experiencia y la solvencia ética necesarias para cumplir con una labor tan delicada y trascendental como es la administración de justicia.

Así que esta crisis es el fruto de lo que sembramos hace unos 15 años. Entonces nadie podía imaginarse siquiera un espectáculo semejante: ver al presidente de la Corte Suprema de Justicia saliendo vergonzosamente por la puerta de atrás, como ocurrió con Carlos Chinchilla.

 

¿Entonces, su sorpresiva jubilación hace año y medio tuvo que ver con eso que usted me está describiendo?

 

Así es. Es cierto que para ser magistrado siempre se ha necesitado del apoyo de los políticos, porque al fin y al cabo son los diputados quienes tienen la última palabra en esos procesos de elección.

Pero yo vengo de otra escuela de jueces, profesionales que se daban su lugar, que no aceptaban presiones para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, que eran respetados -la mayoría de ellos- porque tenían un conocimiento profundo de su materia y ejercían un liderazgo en la Corte.

A mí me nombran como suplente por ahí de 1996, siendo juez, y finalmente entro en propiedad como magistrado en 2001 y ya en 2004, con los procesos penales contra los expresidentes, el problema explota. Yo puedo decir claramente que la clase política dijo: “aquí hay que tomar la Corte porque si no en cualquier momento nos pasa como le pasó a Calderón”.

En ese periodo yo empiezo a sentir el acoso político, primero para sacarme de la presidencia de la Sala III y luego soy blanco de muchas formas de presión de parte de mis compañeros magistrados, hasta que me di cuenta de que era imposible seguir trabajando en un ambiente de permanente desconfianza y riesgo.

 

¿En qué consistían las discrepancias entre usted y los demás magistrados?

El eje de la discrepancia era ideológico. Era un conflicto entre jueces con alguna pretensión de independencia y claros del rol de lo que significa ser juez en el sentido de ser garante de las libertades y de los derechos de las personas y jueces a los que les importa un pito todo eso y lo que necesitan es tener cárceles llenas para decir que son los adalides contra la delincuencia, héroes antinarco, etc.

La máxima expresión de ese comportamiento es Celso Gamboa, pero tan poco están exentos de eso Carlos Chinchilla y otros.

Le puedo decir que son jueces complacientes con los poderosos pero indolentes y despreocupados respecto de los derechos de los de abajo, que no les importa el futuro del Poder Judicial y de la democracia, que están ahí para servirse de los privilegios que tiene un funcionario de ese nivel: buen salario, carro, chofer, letrados, asistentes, sin conciencia de las responsabilidades que esto conlleva.

Terminan creyendo que de eso se trata: un desfile de oropeles y de formas sin ninguna sustancia, entonces cuando hay una crisis no saben qué hacer con ella. Se meten cada vez más hondo en el hueco que ellos mismos han cavado.

Hay un efecto visible, muy claro, de esta actitud y es cómo tratan a los abajo versus como tratan a los de arriba. Hay una discriminación odiosa entre las complacencias, las reverencias, las genuflexiones al poder y un trato despectivo para la gente de a pie, desde los subordinados y ni se diga de los reos comunes.

 

Ahora la Sala III queda bastante diezmada: se fue Celso Gamboa y Carlos Chinchilla y Doris Arias anunció que se retirará en noviembre, cuando concluye su periodo de nombramiento. ¿Pero qué ocurre con las demás salas?

 

Queda un grupo que yo he llamado el cartel del lobby, magistrados que para poder controlar la Corte empezaron hace tiempo a desarrollar una política sistemática de connivencia con diputados de turno y políticos influyentes.

Dentro de esos hay un núcleo duro que son Jesús Ramírez en la Sala III, Fernando Salazar en la Sala Constitucional y Luis Porfirio Sánchez en la Sala II.  Quedan otros que les han hecho la masa aguada y se les sumaron porque eran quienes tenían el poder, pero yo diría que esas tres personas son las principales.

A Jesús Ramírez le dicen “el maestro”, pero no porque sea un hombre de muchas luces jurídicas, sino porque es el maestro de la dinámica palaciega, el que tiene contactos políticos, el de las movidas por debajo, el que se disfraza de buenazo amigo de los sindicatos y las asociaciones, para seguir controlando. Es un lastre que ha tenido que arrastrar la sala III por años y años.

 

¿Qué debe hacer la ciudadanía frente a este problema tan grave?

 

Lo más urgente es no permitir que se repita la historia con los ocho magistrados que debe nombrar la Asamblea Legislativa en los próximos meses, para llenar vacantes en varias salas.

Los medios de comunicación, las redes sociales, los abogados, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general, deben vigilar muy de cerca el proceso de nombramiento porque si no vamos a quedar exactamente igual.

El asunto es que en la Asamblea Legislativa es donde se origina el problema, hay están representadas las mismas fuerzas políticas que decidieron tomar el control de la Corte y si esos diputados sospechan que un candidato es una persona suficientemente sólida para ser independiente, no lo nombran; y si tiene fama de ser un juez que conoce su rol y que sabe que las garantías son importantes para todos, tampoco lo nombran.

Debemos estar muy atentos a los atestados de los candidatos: qué títulos tiene, dónde estudió, si tiene posgrados. Y debemos preguntarnos: ¿son posgrados de garaje o posgrados de verdad? ¿Qué ha escrito? ¿Cuáles son sus mejores sentencias? ¿Cuál es su trayectoria en la judicatura? Y la ciudadanía tiene que presionar para que sean los mejores quienes accedan a la judicatura más elevada.

Por ejemplo,  en el pasado ha sucedido que el juez de casación que tenía el trabajo de su despacho más atrasado en todo el país, resultó ser el elegido. Esa sería una razón suficiente para desechar un candidato, pero ¿le importó esto a los diputados? Para nada.

Insisto: tiene que haber una red de vigilancia sobre las actuaciones del Congreso, exigir que haya absoluta transparencia, desde la comisión de nombramientos. No se vale ponerle cero a un candidato para darle chance a otro, mucho menos sacarse de la manga a alguien que no ha concursado.

Los abusos que se ha cometido en esa bendita comisión de nombramientos, constituyen una burla para la gente buena que somete su nombre y sigue todo el procedimiento, para que después al final los diputados hagan lo que les da la gana.

El país necesita jueces independientes y garantistas, es decir, respetuosos de los derechos y las garantías que la ley otorga, como su apego a la ley y la Constitución, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, etc. Últimamente, el término “garantismo” se ha convertido en una mala palabra para los demagogos que se proclaman paladines de la lucha contra la delincuencia. Pero el anti-garantismo es una amenaza  que pende sobre la cabeza de todos los ciudadanos, hay que rescatar ese concepto y hacerlo valer.