Sambo Creek. La Corte IDH resaltó entre otras razones que “el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros” y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó “la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y 2006”.

Además agrega la Corte IDH, “Respecto del derecho a la consulta e identidad cultural, la Corte consideró que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales”.

La Corte señala además como se ha dado la inexistencia de la protección judicial, situación que afecta tanto al pueblo Garífuna como los restantes pueblos indígenas del país, los que venimos padeciendo de un proceso sistemático de despojo bajo la visión de un “desarrollo” de corte neoliberal.

En el transcurso de la docena de años que tardaron los procesos, el estado de derecho en Honduras se ha visto cercenado por la politización y corrupción imperantes en el país, el cual a partir del golpe de estado del año 2009 ha entrado en una espiral imparable de violencia. Mientras las comunidades garífunas apoyadas por nuestra organización entablaron un sinnúmero de denuncias en relación a la violación a los derechos colectivos, el crimen organizado pasó a controlar el corredor de la costa norte del país.

El desconocimiento por parte de los operadores de justicia de los de los derechos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales que nos protegen, ha servido para que los juzgados emitan sentencias en contra de los derechos colectivos. En muchas ocasiones los fallos son emitidos con pleno conocimiento de sus falencias bordeando con el prefabricato.

A pesar de la existencia de convenios y tratados que protegen a los pueblos indígenas, además de las diversas sentencias emitidas por la Corte IDH, existe una tendencia en América Latina al saqueo y sometimiento de los pueblos indígenas, los que pagamos una enorme factura por los proyectos de “desarrollo”.

La sentencia obliga al estado de Honduras a la creación de fondos de desarrollo, para supuestamente incrementar el nivel económico de los habitantes de las comunidades. Sin embargo, teniendo en cuenta las características maquiavélicas de la administración gubernamental de turno, esos fondos pueden ser utilizados para suscitar la división y diluir los logros obtenido por las comunidades.

El cumplimiento de las sentencias está ligado a la reinstalación del estado de derecho que ha sido demolido en Honduras. El golpe a la Corte Suprema de Justicia (12-12-12) ha colocado a Honduras a borde del abismo, cimentando la dictadura civil y fomentando un caos jurídico.

A pesar del logro que representa las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, las comunidades Garífunas se encuentran bajo la amenaza de la las ciudades modelo (Ley ZEDE) y de la disolución de los títulos comunitarios a través de la Ley de Propiedad impuesta por el Banco Mundial.

El pueblo Garífuna tiene en la actualidad tres casos más ante la CIDH y varias peticiones, en las que las violaciones a los derechos colectivos y humanos perpetradas por el Estado de Honduras, demuestran la existencia de una deliberada expulsión del país de nuestro pueblo.

(Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH).