• Sergio libre, Salitre vive, la lucha sigue! se escuchaba en las afueras de los Tribunales de San José

Piden a Tribunal anular medidas cautelares al líder bribri Sergio Rojas

 

En el emblemático 24 de Abril, día de luchas históricas del movimiento social costarricense, organismos indígenas y de derechos humanos piden que se ponga en libertad al líder bribri Sergio Rojas, preso desde el 6 de noviembre de 2014 sin que se formulen cargos en su contra.

El Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a Sergio Rojas en el Territorio Bribri de Salitre.

El jefe del gobierno del Territorio Indígena de Salitre y líder espiritual del pueblo bribri, Sergio Rojas, detenido hace cinco meses por una demanda sobre supuesto uso indebido de fondos comunales, permanece en una celda en Pérez Zeledón sin que se le formulen cargos, señaló el abogado defensor, Gustavo Cabrera.

Un  mitin en que se pide la libertad de Rojas se mantiene frente al edificio de Tribunales de San José, lugar de la audiencia, con delegaciones del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, el Servicio de Paz y Justica –Serpaj-CR, Centro de Amigos para la Paz (CAP), la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODAHIN), y los ambientalistas de Coecoceiba y la FECON.

La audiencia tiene lugar en la Sala # 10 del Edificio central de la Corte en San José, donde se ha solicitado la anulación de las medidas cautelares impuestas a Rojas el 6 de noviembre, de 4 meses prisión con fianza de 30 millones de colones (60 mil dólares) y la suspensión de su condición de presidente del gobierno Bribri de Salitre, medidas que el 3 de marzo pasado, una jueza prorrogó por tres meses más sin presentar los cargos en su contra.

Mitín por la Libertad de Sergio

Los organismos indígenas y de derechos humanos señalan al Estado costarricenses como responsable de los conflictos por la apropiación ilegal de tierras de los territorios indígenas, “la verdadera causa por la que se persigue al jefe bribri”, aseguró su abogado defensor, Gustavo Cabrera.  

La responsabilidad del Estado radica en su incapacidad de consolidar un marco jurídico claro y preciso que permita la aplicación de leyes protectoras de los derechos de los pueblos ancestrales de nuestro país, “el Proyecto de Ley de Autonomía Indígena, tan necesario, espera hace 25 años en la Asamblea Legislativa” señaló Cabrera.

Entre las justificaciones de sus luchas por derechos y territorios, el  Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), señala que “después de más de 10 años de luchas legales y movilizaciones por la defensa de los derechos de los indígenas, la Comunidad Bribri de Salitre, cansada de las usurpaciones de No indígenas en sus tierras y de esperar soluciones y cumplimiento de promesas de Gobiernos y autoridades; decidió iniciar un Proceso de Afirmación Territorial Autónomo”.

Agrega el FRENAPI que el proceso de “recuperar Tierra /Territorio” está fundamentado por sus derechos ancestrales y de acuerdo con los derechos que contempla la Ley Indígena costarricense, su Reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales Agrarias nacionales y la Corte Interamericana de DDHH, todas relacionadas con el Derecho a la Tierra/Territorio de los pueblos aborígenes.

Este proceso, afirman los organismos indígenas y de derechos humanos “es liderado por el Gobierno Local Bribri presidido por Sergio Rojas Ortíz, del Clan Uniwak” y afirman que por eso “se persigue, desprestigia y se le mantiene preso sin que haya un solo cargo en su contra”.

Estas recuperaciones de Tierras amparadas en la legalidad “se fueron fortaleciendo y consolidando, lo que provocó una reacción violenta de los No Indígenas desalojados y el temor de otros invasores, tanto del Territorio de Salitre como de otros Territorios Indígenas de la Zona”, de Buenos Aires de Puntarenas.

Así se inició la violencia física, racial y legal en contra de pueblos pacíficos que han soportado en los últimos años las amenazas, varios atentados contra la vida de Sergio, agresiones físicas, la persecución por las montañas de familias con niños y adultos mayores, agresiones con armas blancas y de fuego y quema de viviendas y cultivos.

“Esta violencia ha ido en aumento en los últimos 3 años, sin que fuera posible detenerla apelando a la Fuerza Pública y al marco legal vigente en el país, señala el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, a pesar de la violencia, el Proceso de Afirmación Territorial Autónomo no se detendrá”.

“La “campaña” de desprestigio y de ataque a los indígenas por los medios (empresas) de comunicación social, ha sido otra característica de las agresiones contra los pueblos indígenas de nuestro país; vinculando a estas comunidades con actos de brujerías, tráfico de drogas, violencia entre indígenas”.

Junto a esa “campaña” se inició también la de persecución a los líderes indígenas de Salitre con acusaciones públicas de “malos manejos de fondos” y una investigación -que no es una acusación formal- iniciada en el 2012 y aún no ha logrado demostrar un solo hecho ilegal.

Culmina esta “campaña” con allanamiento de las casas de 11 líderes en el territorio y la detención de Sergio, el 06 de noviembre 2014. Tanto Rojas como los otros diez miembros de la Asociación de Desarrollo Integral y líderes de Salitre (hombres y mujeres ) no han sido acusados, no hay una causa abierta contra ellos, aseguró el defensor Gustavo Cabrera.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define las condiciones específicas de los pueblos ancestrales del mundo, en el tratado conocido como el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 8, 9 y 10 establece que los Estados deben procurar medidas alternas a la cárcel, cuando son sancionadas (penados/ condenados) personas indígenas.

Cabrera señaló que desde esta perspectiva, la cárcel y la fianza impuestas a Rojas “son violaciones a sus derechos humanos y son discriminatorias, pues, a todas luces, son excesivas y desproporcionadas tratñandose de un indígena que vive del trabajo de la tierra y no tiene ingresos fijos”.