• Lo que deben aprobar es la Norma Técnica

¿Qué es lo que está detrás de la “discusión” sobre aborto terapéutico en Costa Rica?

Por María José Araya Álvarez y Mariana Vargas Climent *. El plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana para el período 2018-2022 incluyó, como una de sus promesas de campaña, “impulsar la institucionalización de la Norma Nacional sobre aborto terapéutico según lo establecido en el artículo 121 del Código Penal. Además de la normalización técnica de la CCSS sobre dicha norma en servicios de salud, se deben incluir instrumentos, divulgación, sensibilización y capacitación del personal de salud. Se prestará especial atención a la temporalidad de aplicación de la norma a quienes así lo requieran”.  

A pesar de ello, el 8 de marzo de 2018 -Día Internacional de la Mujer-, el Presidente Carlos Alvarado firmó un acuerdo con el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza Rocafort, en el cual coincidieron en “no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, por ninguna acción de Gobierno a nivel nacional o internacional. No ampliar en modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma”.

Sin embargo, entendemos que la firma de la Norma Técnica que regularía la aplicación del aborto terapéutico en nuestro país no viola dicho compromiso, no implica una modificación de la Ley ni una interpretación amplia de lo que establece el artículo 121 del Código Penal desde el año 1970. Entonces, nos preguntamos ¿existen otros acuerdos que no conocemos? o ¿se están ejerciendo otro tipo de presiones, no contempladas en el acuerdo suscrito?

Además, diversas presiones provienen de parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Entre las cuales figuran las del partido Restauración Nacional, cuyos miembros emitieron un documento denominado “Manifiesto Público por la Defensa de la Vida” que demostraba el compromiso amenazante de dicho Partido en “utilizar los mecanismos legales e institucionales para impedir que vía decreto ejecutivo o cualquier otro procedimiento se permita en Costa Rica abrir portillos para el aborto”. En esta misma coyuntura, sabemos que la propuesta de reforma fiscal debe ser conocida por la Asamble Legislativa a la brevedad, por lo que surge la interrogante respecto de ¿qué tipo de negociaciones se están gestando en torno a esto? y ¿en qué medida la firma de la Norma Técnica está fungiendo como “moneda de cambio”?

Aunado a lo anterior, en declaraciones del Presidente de las últimas semanas, este aseguró que el tema del aborto terapéutico no es prioritario y que hay grupos que lo utilizan para darse a conocer. Es decir, para el Presidente salvar la vida de las mujeres que fallecen a causa de la falta de aplicación de un derecho, que se encuentra consagrado legalmente, y que el Estado se ha negado a asegurar por décadas, polariza y distrae de lo realmente importante, que es la crisis fiscal, la seguridad ciudadana, el empleo y la infraestructura. ¿Y en qué momento la vida de las mujeres que no tienen recursos para acceder a una interrupción segura de un embarazo, que pone en riesgo su salud y vida, va a ser una prioridad? ¿Cuándo será el “momento oportuno” para proteger los derechos de las mujeres según el Presidente?

El problema de fondo es que nuestros gobernantes no están “priorizando” el tema fiscal o de seguridad ciudadana sobre los derechos de las mujeres porque quieran “salvar” a Costa Rica, sino que el nivel de misoginia, machismo y deseo de imponer sus ideales conservadores es tan fuerte y violento, que incluso no les importaría que el país se hunda en una crisis económica con tal de imponerse sobre las mujeres y sus cuerpos.

Equiparar Derechos Humanos con la economía del país, como si fueran temas excluyentes y contradictorios, se torna peligroso. Tenemos que recordar que los Derechos Humanos no son negociables y que lo económico no se puede confundir y ponderar con lo social, más si existen vidas en riesgo. La Norma Técnica ya existe y no está en contra de ningún acuerdo, sólo procede firmarlo. Preocupa mucho que el miedo a perder los votos requeridos para la aprobación del Plan Fiscal sea lo que motiva a este Gobierno a no firmar la Norma Técnica. Esta situación, no sólo deslegitima ideológicamente y en temas de gobernabilidad a Carlos Alvarado, si no que debilita su compromiso con los Derechos Humanos y la vida de las mujeres, que con tanta reiteración prometió proteger y darnos el espacio que históricamente se nos ha negado.

Por ejemplo, el proceso vivido recientemente en Argentina, y lo ya alcanzado por países como Colombia, México, Uruguay y Chile nos demuestran la necesidad de un cambio y la deuda histórica que tiene el país en estos temas. La articulación y consistencia de la sociedad civil es fundamental para ejercer la presión necesaria para que el Gobierno priorice lo que lleva más de 50 años de no priorizar. No ha sido suficiente con los pronunciamiento del Comité CEDAW, el Comité de Derechos Humanos y las denuncias ante el Sistema Interamericano para que el Estado de Costa Rica se comprometa con los Derechos de las mujeres.

¿Será necesaria otra condena de un Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos para que el Estado costarricense finalmente cumpla con sus obligaciones?

(* Araya Álvarez y Vargas Climent, Abogadas en Derechos Humanos de la mujer)