“En los tribunales costarricenses, quedó absolutamente demostrado que fueron los empresarios mineros y sus políticos aliados, los que incumplieron lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico para llevar a adelante el proyecto” afirmó la Federación Ecologista Costarricense (FECON).

Esta es la segunda condena de un tribunal costarricense con la minera Industrias Infinito. Cinco años atrás, en noviembre de 2010, otro Tribunal Contencioso Administrativo había anulado lo actuado por las instituciones estatales que aprobaron los permisos para otorgar la concesión para explotar la mina de oro a cielo abierto de Crucitas, en San Carlos.

En aquella ocasión la sentencia solicitó que fueran investigados en la vía penal, los funcionarios de diversas dependencias, incluyendo al ex ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, condenado a 3 años de prisión, así como al propio ex presidente de la República, Óscar Arias, por lo que fue calificado por este Tribunal como “una orquestación de voluntades”.

La audiencia pública de este martes en el Tribunal Contencioso se celebró en ausencia de los representantes de Industrias Infinito, cuya casa matriz Infinito Gold se declaró en quiebra en julio pasado en Toronto, Canadá.

En 2014 Industrias Infinito llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, EE. UU, caso que aparentemente abandono pero se espera aún resolución.

¿Quién paga?

El abogado de la parte demandante, Álvaro Sagot, había señalado que la garantía ambiental que la empresa depositó en la Secretaría técnica Ambiental (SETENA) cuando se aprobó el proyecto es de solo 600 mil dólares que no alcanzan para cubrir el monto de la sentencia.

Sagot recordó que a lo largo de estos cinco años se pidió en tres ocasiones a la jueza Lorena Montes de Oca, a cargo del juicio, el embargo de las cinco fincas inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de Industrias Infinito, con un valor registral de 1.5 millones de dólares, cosa que no hizo porque consideró que el depósito cubriría los costos.

El 10 de agosto, los abogados demandantes Sagot y Bernal Gamboa, este último de Apreflofas la organización que demandó a la empresa, vuelven a solicitar la anotación registral de estas fincas que según las certificaciones estaban inscritas a nombre de Industrias Infinito. Pero el día 11 se inscribe la venta y el traspaso de los inmuebles a una empresa forestal de Alajuela por la suma de $450 mil, tres veces menos de su valor registral.

“A inicios de agosto ya se conocía el informe de los peritos que establecieron el monto de la indemnización entre los 6 y los 10 millones de dólares, señaló Sagot, lo que dejaba claro que los $600 mil dólares no alcanzaban”.

“La omisión de la jueza Montes de Oca, permitió a la compañía traspasar las cinco fincas que posee en Cutris de San Carlos, por un valor registral de un millón y medio de dólares ($1.500.000) a la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. por un monto de $450.000. Se las traspasaron por menos de un tercio del valor declarado” puntualizó Sagot.