El Poder Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta de corrección a la normativa como requisito para darle el visto bueno.

La reforma, que los diputados alegan haber aprobado por una omisión involuntaria, restablecía los regímenes especiales que beneficiaban a empleados del Congreso, la Contraloría, a los ex miembros de los supremos poderes, ministros y viceministros.

“Volver a un sistema con regímenes especiales de pensiones implicaría gastos onerosos a cargo del Presupuesto Nacional, así como voluminosas demandas en estrados judiciales en contra del Estado por parte de los beneficiarios que a lo largo de las últimas décadas no podían exigir una jubilación amparada en estos regímenes”, explicó Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial.

Para evitar esta situación, el Presidente Luis Guillermo Solís aplicó el veto parcial al artículo 1 del Decreto Legislativo, ya que el artículo 2 no presenta los inconvenientes detectados en el primero. Así se mantendrá la regulación al tope máximo de pensiones.

“El interés del Gobierno es regular y darle sostenibilidad a las pensiones. Queremos un sistema que sea justo, pero que no derive en los excesos que en el pasado lo afectaron y terminaron por dañar las finanzas públicas. En esa dirección vamos a trabajar con los diputados”, explicó el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro.

El Poder Ejecutivo presenta a los diputados un texto alternativo para solventar el problema de la reactivación de regímenes especiales. El veto abre la posibilidad a los diputados de revisar el proyecto y de darle el texto que cumpla la expectativa original, que fue eliminar el ajuste anual del 30% en las pensiones de diputados.

El Presidente Solís resaltó que su decisión está basada en la defensa de los intereses nacionales. “Es nuestro deber ser vigilantes de que las reformas a las leyes se traduzcan en una mejor situación para los y las costarricenses y las futuras generaciones. Por ello queremos mantener el espíritu de esta revisión normativa para racionalizar la situación de las pensiones, y no para generar, directa o indirectamente, privilegios que no se justifican ni financiera ni éticamente”, dijo.