Por Oscar Núñez Olivas - La subsecretaria general de las Naciones Unidas (ONU), Amina Mohammed, ya lo ha manifestado con absoluta transparencia: la ayuda enviada prioritariamente por Estados Unidos a la frontera entre Colombia y Venezuela se ha usado como instrumento político y esto contradice los principios de la asistencia humanitaria.

La experiencia acumulada por organismos como la ONU o la Cruz Roja Internacional ha llevado a definir la ayuda humanitaria como una prestación independiente (libre de condicionamientos políticos o ideológicos), imparcial y neutral. De no ajustarse a esos principios, la donación puede llevar cualquier nombre menos el de ayuda humanitaria.  

Esta es una de las razones por las que el gobierno de Costa Rica ha rechazado suscribir el documento emitido en Colombia por los integrantes del Grupo de Lima, pese a que ya es bastante claro y explícito el respaldo de este país centroamericano a los esfuerzos de la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, por procurar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

La otra razón es que la declaración emitida por el Grupo de Lima, un día después del fracasado intento por introducir los víveres a Venezuela, desiste de cualquier alusión al diálogo y hace un llamado explícito al ejército de ese país para que se rebele contra la autoridad de Maduro.

Podría pensarse que esta es una solución fácil y expedita, pues es cierto que Maduro se sostiene en gran parte por el apoyo del aparato militar, pero Maduro no es una persona sino un régimen, un entramado de intereses económicos y políticos del que la cúpula militar es parte activa.

Eso lo sabe el Grupo de Lima y lo sabe el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que parece ser la cabeza de dicho grupo. De manera que la intención subyacente a la declaración es provocar una escisión del ejército, lo cual llevaría irremediablemente a una confrontación armada.

Costa Rica es un país sin ejército, que desde hace 70 años decidió confiar en el diálogo y la negociación como mecanismos para la resolución de sus controversias internas, y en el derecho internacional como única arma para la defensa de su soberanía e integridad territorial. Costa Rica no puede, entonces, sumarse a los cantos de sirena del guerrerismo sin traicionar su propia tradición.

Hizo bien, entonces, el presidente Carlos Alvarado al negarse a suscribir ese documento. Tal gesto no tiene, en absoluto, un sentido contradictorio con su posición inicial, que es de apoyar un cambio de mando en Venezuela, como primer paso para que ese país salga de la agobiante situación económica y social.

La discusión hoy no es si Venezuela necesita un cambio político, sino la vía para lograrlo. En este momento, la diplomacia estadounidense y los gobiernos latinoamericanos de derecha trabajan en allanar el camino a una solución armada, que podría llegar incluso a una invasión militar estadounidense.  A ello se refiere la frase “todas las opciones están abiertas” dicha por Trump y repetida recientemente por el propio Guaidó.

Pero aún se puede buscar una salida negociada en Venezuela. Ha sido posible antes, en circunstancias que parecían mucho más complejas. La premisa es propiciar un diálogo que involucre a todas las fuerzas políticas venezolanas. Un diálogo que no excluya a nadie y en el que los actores extranjeros -sean gobiernos, personalidades, organismos- se limiten a jugar el papel de activos facilitadores.  Y nada más.