• Decreto oficial

Instituciones deberán hacer pública toda su información

Las instituciones del gobierno central tendrán un plazo de 90 días para subir a su página web información básica como el listado de funcionarios y el monto de sus salarios, planes de trabajo, presupuestos, viajes de los jerarcas, entre otros, según un decreto emitido este jueves por el presidente Luis Guillermo Solís.

El  decreto de Transparencia y Acceso a la Información “procura que todas las dependencias del gobierno central y de la administración pública descentralizada garanticen el cumplimiento efectivo de ese derecho humano (el acceso a la información pública)”, puntualiza la información oficial.

Las instituciones tendrán además la obligación de garantizar que el acceso a los datos sea en forma oportuna, oficiosa completa y accesible.

A partir de la publicación del decreto, las instituciones contarán con un plazo de noventa días para publicar la información en sus sitios web y la Presidencia llevará un control público del avance de estas publicaciones por medio de la página gobiernoabierto.go.cr.

Los lineamientos establecidos en el decreto surgieron de una serie de mesas de diálogo realizadas en mayo de 2016 con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con participación de organizaciones de sociedad civil, academia, sector público y sector empresarial.

La normativa procura además un proceso administrativo rápido para resolver solicitudes de acceso a información, sin perjuicio de la vía constitucional a la que siempre puede acudir la ciudadanía.

Para ello, cada institución designará una Oficialía de Acceso a la Información, sin crear nuevos puestos, función que en principio sería asumida por la Contraloría de Servicios respectiva.

Otros proyectos que saldan una deuda histórica

Junto al decreto de Transparencia y Acceso a la Información, el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para garantizar el derecho de los comunicadores y de los ciudadanos en general a hacer denuncias de interés público sin temor a ser denunciados por delitos contra el honor.

La iniciativa reduciría también de dos años a uno el periodo de prescripción de presuntos delitos contra el honor y amplía el periodo de respuesta de una querella que tienen las personas acusadas por estas causas.

La presidencia aseguró que los cambios propuestos en ambos proyectos armonizan la legislación nacional con avances en doctrina y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.