Ese fue uno de los diez puntos de la nueva política exterior que definió el excandidato presidencial José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), derrotado por Dilma Rousseff en 2010 y ahora nombrado canciller por Michel Temer, en su discurso al asumir el cargo, el pasado 17 de mayo.

No hay, por lo tanto, espacio alguno para equivocaciones: el nuevo gobierno brasileño se alineará con la misma política de adaptación a los “mercados” que el presidente argentino, Mauricio Macri, ha venido impulsado desde el primer día de su gobierno.

La prioridad de Macri fue someterse a las exigencias de los fondos buitres que se negaron a aceptar la renegociación de la deuda externa argentina, lo que puede representar un nuevo endeudamiento de unos $15.000 millones, con lo que el gobierno pretende reinsertar el país en el esquema exigido por los mercados.

El año pasado, Serra usó su tribuna en el Senado para pedir que Brasil salga del Mercosur, un bloque que calificó como un “delirio megalomaníaco”.

Austeridad

La crisis económica fue una de las patas que caminaron la destitución de Rousseff (la otra fue las denuncias de corrupción), ya que el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil se desplomó un 3,8 % el año pasado; según diversas proyecciones, puede ser similar este año y rondar una caída del 3,5%.

Ante ese escenario, la prioridad de la política económica del nuevo gobierno será la austeridad: reducir el déficit fiscal y recortar la deuda pública. La misma que ha llevado a Europa a la crisis y estancamiento actuales. Para el nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el déficit es “insostenible”.

En los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), hasta antes de la crisis la meta de política económica era condicionada a un superávit primario, de modo que se pudiera pagar la deuda. El PT no cambió esa política. Por el contrario, fue reforzada en la segunda administración de Rousseff; además, el nombramiento de un ministro de Hacienda vinculado con la banca y encargado de implementarla contribuyó a su aislamiento de la base del partido y de sus electores.

En todo caso, el superávit ha desaparecido con la crisis. Se transformó en déficit. En los últimos 12 meses, cerrados en marzo pasado, fue lo equivalente a casi 2,3% del PIB. El peor dato desde 1997, cuando se comenzaron a llevar estas estadísticas.

Luego, con el pago de los intereses, ese déficit se disparó a 9,7% del PIB, cifra ciertamente insostenible, aunque la deuda pública de Brasil es relativamente pequeña. Comparada, por ejemplo, con la de España, la brasileña es de poco menos de 39% del PIB, mientras la española se acerca ya al 100%, consecuencia de las mismas políticas de austeridad que se han venido aplicando en ese país, que se aplican ahora en Argentina y se anuncian en Brasil.

La primera medida anunciada por el nuevo gobierno fue la eliminación de al menos cuatro mil empleos públicos hasta fin de año. El mismo camino que ya viene recorriendo el gobierno Macri. Para tener una idea de la repercusión de esa medida, medios brasileños han señalado que “puede suponer el despido del 25% de la plantilla de cada ministerio”.

Ese cambio de eje representa la vuelta a un pasado catastrófico que, en Argentina, condujo a la crisis de la deuda de principios de siglo, resuelta con las negociaciones del gobierno Kirchner.

¿Golpe o no golpe?

Un debate se ha instalado en el escenario político brasileño con repercusiones internacionales: ¿es golpe lo ocurrido en Brasil?

En una entrevista a la televisión rusa RT, la suspendida presidenta Dilma Rousseff reiteró su argumento: “Es un verdadero golpe de Estado sin armas”. Es una alianza entre segmentos de los medios de comunicación y sectores empresariales descontentos, explicó la presidenta suspendida.

El debate fue llevado el pasado 18 de mayo al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El embajador brasileño ante la OEA, José Luiz Machado e Costa, defendió la posición de que en su país se ha seguido “el debido proceso legal establecido”. La cancillería brasileña prefirió destacar lo que estima como la “vitalidad del sistema democrático” y asegurar que “los derechos sociales y las conquistas de la sociedad brasileña están plenamente asegurados”.

“No creemos que es un golpe de Estado, suave o de otro tipo. Lo que ha ocurrido en Brasil se ha hecho siguiendo el proceso legal constitucional y respetando completamente la democracia”, dijo, por su parte, el representante interino de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick al término de la reunión.

La representación argentina afirmó que su gobierno “respeta el proceso institucional que se desarrolla en Brasil y confía en que a través de él se consolide la democracia brasileña”.

¿Qué está pasando realmente?

¿Qué está pasando realmente?, se preguntó el sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein.

Wallerstein recordó que el PT fue fundado en 1980 para oponerse a la dictadura militar que se había instalado en el país en 1964. Para los militares y los partidos del régimen –recordó–, “el PT era un peligroso partido revolucionario que amenazaba las estructuras conservadoras económicas y políticas”. Los Estados Unidos, por su parte, lo veían como una amenaza a su “rol dominante en América Latina”, como “realmente lo era”, agregó Wallerstein.

La crisis brasileña no es más que otro paso en un nuevo escenario político latinoamericano, cuyo origen se puede rastrear el 28 de junio del 2009 en Honduras cuando, en la madrugada, una unidad militar capturó y expulsó del país al presidente Manuel Zelaya. El día siguiente, el congreso admitió su “renuncia” y asumió un gobierno provisional, de línea conservadora. Posteriores elecciones han llevado el país a la condición de un verdadero estado frustrado, dominado por el narcotráfico y con una de las más altas tasas de homicidios del mundo.

Siguió Paraguay. En noviembre del 2009 se podía leer en un despacho de la BBC: “Todos los observadores coincidieron en destacar la frágil situación política que afronta el mandatario (Fernando Lugo), que ha sufrido un fuerte debilitamiento desde que llegó al poder, poniendo fin a más de seis décadas de gobierno del Partido Colorado.

“Para muchos, la verdadera amenaza a la que se enfrenta Lugo proviene del Congreso –en manos de la oposición–, que podría buscar destituirlo a través de un juicio político”.

En otros despachos fechados en Asunción se podía leer: “El presidente de Paraguay, el exobispo Fernando Lugo, fue denunciado ayer por tercera vez por paternidad”.

“En ese clima enrarecido, no fueron pocas las voces en el Parlamento, dominado por la oposición, que clamaron por un juicio político contra el presidente por ‘inoperancia’ e incluso no faltaron los rumores sobre un golpe militar”.

El desenlace vino tres años después. Nuevamente, decía la BBC: “Este viernes (22 junio, 2012) podría ser el último día de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, después de que parlamentarios de la Cámara de Diputados paraguaya lo señalan de ser el responsable político de la muerte de 17 personas la semana pasada en un enfrentamiento entre campesinos sin tierra y policías que los intentaban desalojar en una zona del este del país”.

En 2010, el ahora canciller Serra acusó a Lula de hacer “filantropía” con Paraguay al firmar con el entonces presidente Fernando Lugo un acuerdo para aumentar el pago que le hacía Brasil por la energía de la represa binacional de Itaipú. Acusó luego al actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes, un rico empresario dueño de la mayor empresa de tabaco del país, de ser responsable del 50% del contrabando de cigarrillos a Brasil. Cartes y ejecutivos de sus empresas están acusados también en Brasil de diversos delitos de narcotráfico.

La hora de Brasil

En Brasil, la debilidad (y la torpeza) de la presidenta Dilma Rousseff, con un parlamento controlado por partidos oportunistas y permeado por la misma corrupción que permea todo el sistema político brasileño, abrió la vía para derrocar el Gobierno.

Hoy gobierna el país un presidente acusado de corrupción, preside el senado otro también acusado; el presidente de congreso, figura clave en el proceso de destitución de la presidenta, fue destituido por corrupto después de cumplir su papel y siete miembros del gabinete son investigados por su participación en el mayor proceso de corrupción del país, la Lava-Jato (su espectacularidad, proyectada por medios de prensa conservadores, fue clave para el debilitamiento del gobierno de Rousseff, aunque paulatinamente va desapareciendo de las portadas).

En un artículo titulado “Para quien todavía cree que esto que está ocurriendo es contra la corrupción” se hizo un listado de 22 hechos en los que están involucrados los líderes de la oposición que hoy son gobierno en Brasil. Sobre el actual canciller, José Serra, el artículo dice: “¿Y si Dilma tuviese 18 procesos por corrupción como José Serra? ¿Y si la hija de Dilma hubiese tenido un único empleo, como asesora de la madre, y la revista Forbes la ubicara como dueña de una de las mayores fortunas brasileñas, como en el caso de Serra y su hijita?”.

La ofensiva conservadora sigue

En todo caso, la ofensiva conservadora sigue desarrollándose en todos los frentes. En Bolivia, hace tan solo tres meses, Evo Morales perdió, de manera muy ajustada (2,6% de diferencia) un referendo convocado a destiempo, sobre un tema impopular: la reelección presidencial. Morales denunció, en todo caso, que la campaña del “no” se financiaba desde Estados Unidos.

“No estoy seguro si (la plata) la mandan los corruptos y delincuentes que se escaparon a Estados Unidos o la manda el Departamento de Estado de Estados Unidos”, afirmó.

Durante su campaña presidencial de 2010, Serra acusó también a la Bolivia de Evo Morales de ser connivente con el narcotráfico.

Rafael Correa enfrenta en Ecuador una oposición que se reorganiza pero, sobre todo, a aliados que se alejan, entre ellos las combativas organizaciones indígenas de país. A estos se han sumado intelectuales y políticos que dieron sustento, en su origen, a la revolución ciudadana.

En Venezuela, el gobierno sufrió una amplísima derrotada electoral, en medio de una insostenible crisis económica. Escenario de los cambios políticos más profundos, es ahí también donde la lucha política es más aguda.

Pero el escenario mayor de la lucha política en América Latina es Cuba, es ahí donde Washington ha hecho la apuesta mayor.

En Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, Washington tiene siempre aliados en todos los frentes: en el político, el mediático, el empresarial, el militar, en el de las organizaciones sociales, que sirven como correas de transmisión para las políticas conservadoras y los intereses de los grupos desalojados del poder por partidos de diferentes tintes reformistas, como el PT. En Argentina, esos aliados le permitieron lograr una coalición capaz de derrotar en las urnas al peronismo aliado de Kirchner. No fueron necesarios mecanismos parlamentarios para derrocar el gobierno elegido.

Cuba

Pero, en Cuba, esa correa transmisora no existía. Los permanentes intentos de crearla fracasaron. ¿Por qué, entonces, no intentar por otros medios? Esa política está en pleno desarrollo.

La movida principal fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas y económicas de Washington con La Habana (Obama ha abogado inclusive por el levantamiento del bloqueo económico a la isla), con perspectivas de crear correas de transmisión que muevan las ruedas de los intentos conservadores; que se alimentan, también en Cuba, de los problemas internos, de los errores, de los abusos.

Pero lo que la mueve son los grandes intereses políticos: eliminar el desafío planteado por la revolución que dura ya 57 años.

Esa será la herencia Obama: una América Latina de vuelta al redil, mientras en el resto del mundo toda su política se tambalea.