Diputados usarán estudio de la UCR para redefinir el régimen de pensiones judiciales

Ni el proyecto elaborado por los empleados, ni el estudio de la Supen. Los diputados han decidido fundamentar las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial en el estudio actuarial del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica.

El acuerdo, tomado la noche del miércoles por la comisión legislativa que deberá dictaminar el proyecto,  rechazó también la pretensión de los dirigentes gremiales de ser integrados en esa comisión, en cuyo seno esperaban hacer valer sus tesis.

Las decisiones tomadas por los legisladores han caído como bombas entre los trabajadores del gremio que se encuentran en huelga desde hace una semana y que amenazan con mantenerse firmes.

Pero la mayoría de diputados de la comisión no parecen que se hayan inmutado ante las amenazas. La posición fue respaldada por los oficialistas Franklin Corella y Marcela Guerrero (PAC),  Maureen Fallas y Sandra Piszk (PLN), Johnny Leiva del PUSC, quien preside, la libertaria Natalia Diaz y Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense.

En una posición más flexible, pero en total minoría, se han mostrado Jorge Arguedas, del Frente Amplio y Julio Rojas del PLN.

Las recomendaciones de la UCR para llenar un gigantesco hoyo de 5.300 millones de colones en el régimen jubilatorio del Poder Judicial, incluyen aumentar la cotización de un 11 a un 15%, reducir el monto de la pensión de un 100% de los últimos 24 mejores salarios a un 72%, y aumentar la edad mínima de 60 a 65 años.

Los empleados judiciales argumentan que durante muchos años han pagado mucho más que los trabajadores adscritos a otros regímenes para poder gozar de los beneficios de que actualmente disfrutan y que ese derecho no se los va a quitar nadie. Pero, al parecer, el régimen en las actuales condiciones es insostenible y, de no darse las reformas, será el Estado con el dinero de todos los demás trabajadores, quien tendrá que financiar el déficit.

Los diputados de la comisión se han declarado en una especie de sesión permanente para tratar de resolver el problema antes de que termine el periodo de sesiones extraordinarias el próximo 31 de julio, es decir, el martes.

No se han cerrado al diálogo, pero tampoco parecen dispuestos a ceder mucho mientras los empleados mantengan el estado de huelga, a juzgar por las declaraciones que varios diputados han dado este jueves  a los medios de comunicación.

 

¿Huelga ilegal?

Sorpresivamente, los trabajadores judiciales han puesto de lado la fundamentación legal de sus actos y se han plegado al criterio del ex presidente José Figueres Ferrer, quien en una memorable ocasión declaró que no hay huelgas legales ni ilegales, sino que las hay ganadas o perdidas.

Aún así, los magistrados de la Corte Suprema han ido este jueves arrastrando los pies a una sesión extraordinaria, para decidir si declaran ilegal el movimiento huelguístico, ya que los jueces de trabajo -a quienes les correspondería tomar la decisión- se encuentran en huelga.

La poca simpatía que el gran público expresa hacia las reivindicaciones de los trabajadores de la justicia, entra a jugar un papel importante en el juego de presiones, cada vez mayores, en torno a este conflicto.

Pesa el hecho de que la gran mayoría ve los reclamos de los jueces y administrativos de la Corte como privilegios desmesurados (magistrados con pensiones de 10 millones de colones no es poca cosa). Y pesan quizá, más de lo que pudieron imaginarse quienes diseñaron la estrategia de huelga, los cadáveres que estuvieron secuestrados durante varios días en la Morgue Judicial.