Ruta 257, conecta la ruta 32 con la terminal de Moín.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) inició la diligencia a las 8:30 de la mañana en las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.

La investigación está relacionada con el contrato suscrito por CONAVI y el mencionado consorcio para conectar la ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón.

Sin embargo, la obra que tuvo un costo de 71,8 millones de dólares, quedó incompleta en un tramo de 80 metros y el Estado debió erogar otros 14 millones de dólares para lograr la conclusión de la vía y el acceso a la terminal portuaria.

Según el ex ministro de Transportes Carlos Villalta, la “pifia” se debió a un error en el diseño original de la vía, que era conocido por el CONAVI al momento de iniciar los trabajos. Sin embargo, se decidió continuar con el proceso y hacer una modificación contractual en el camino antes que retrotraer todo el proceso de licitación a su inicio.

“Fue una decisión colegiada”, explicó Villalta en febrero pasado ante una comisión legislativa que investigó el caso. 

La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública.

“No obstante lo anterior, las pruebas determinarán si se valida o se descarta dicha hipótesis, conforme avance el proceso penal”, apunta la entidad.

El comunicado explica que por el momento no hay personas imputadas y que las pruebas que se recaben durante los allanamientos permitirán tomar decisiones al respecto.

El delito investigado es influencia contra la hacienda pública, definido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, al cual se aplican penas de entre dos y ocho años de prisión.