La deuda del Estado costarricense con la Caja por los costos en que incurre al traspasarle el personal y los centros de atención básica del MInisterio de Salud, desde 1993, asciende a más ¢209.480.466.480 por lo que fue demando ante el Tribunal Contencioso Administrativo,por el diputado José María Villalta, para reforzar las acciones por el rescate de Seguridad Social, dijo.

El diputado José María Villalta demandó al Poder Ejecutivo por incumplimiento flagrante su obligación de girar a la Caja del Seguro Social  (CCSS) mes a mes los recursos financieros de las nuevas obligaciones derivadas del traspaso del nivel de atención primaria en salud a esta institución.

A partir de diciembre de 1993, el Estado costarricense, a través del Ministerio de Salud, inició un proceso paulatino para el traslado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de los programas de atención preventiva de la salud de las personas que estaban a cargo de dicho ministerio recordó Villalta, diputado y candidato presidencial del Frente Amplio.

Este traslado de programas se dio en el marco del proceso de reforma del sector salud impulsado por el Poder Ejecutivo e incluyó el traslado a la CCSS del personal del Ministerio de Salud que laboraba en estos programas.

Como resultado de dicho proceso, la Caja asumió la gestión de la totalidad de los programas de atención preventiva de la salud (nivel de atención primaria) que con anterioridad estaban a cargo del Ministerio de Salud, incluyendo la administración y operación de Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS).

Desde 1993 la legislación que reguló este proceso estableció la obligación del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, de trasladar mensualmente a la CCSS los recursos financieros para cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención preventiva de la salud de las personas.

“A pesar de que han transcurrido casi 19 años desde que se autorizó el inicio de dicho traspaso, dijo Villalta, y de que la CCSS y más concretamente, el Seguro Social de Enfermedad y Maternidad (SEM) han incurrido en cuantiosos y crecientes gastos para hacerse cargo de los programas y el personal trasladado del Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo no ha girado la institución administradora de la seguridad social ni un colón por concepto de esta obligación”.

Para Villalta, “el incumplimiento del Poder Ejecutivo le ha ocasionado graves daños al SEM que administra la Caja. Producto de dicho incumplimiento, esta institución no ha contado durante muchos años con cuantiosos recursos que podría haber destinado a mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de salud de atención primaria a la población. La ausencia de dichos recursos ha obligado a la CCSS a destinar sus propios recursos a cubrir los rubros que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de financiar, desviándolos de la atención de otras necesidades de la población”.

El monto de los daños y perjuicios sufridos por el SEM asciende, como mínimo, a doscientos nueve mil cuatrocientos ochenta millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco colones con cuatro céntimos (¢209.480.466.480,49) según datos suministrados por la propia CCSS, con estimaciones a mayo de 2012.

“Esta cifra la obtuvimos a partir del cálculo del 80% de la planilla de las y los funcionarios trasladados del Ministerio de Salud. Sin embargo, el monto de la deuda real del Estado costarricense con el SEM es mucho mayor. En estas cifras no se incluye el cálculo de la totalidad de los gastos en que ha incurrido dicho seguro para asumir la prestación de los programas trasladados por el Poder Ejecutivo”, señaló Villalta.

Este Contencioso Administrativo se suma a la lucha que mantiene el Partido Frente Amplio para la recuperación de la Seguridad Social, para lo cual también había interpuesto otro Contencioso, hace un año, para que el Estado le pague al Seguro sus deudas en efectivo, que avanza en su proceso en este tribunal.