La iniciativa de ley propone eliminar los impuestos de consumo y ventas y el pago del marchamo, entre otros estímulos materiales, a un máximo de 100.000 vehículos movidos por energía eléctrica y por un periodo de hasta cinco años.

El proyecto de ley también prevé aplicar los mismos beneficios a los repuestos para este tipo de carros.

Otros incentivos no económicos será el que la restricción a la circulación no afectará a estos vehículos ningún día de la semana, y la creación de espacios especiales de estacionamiento (parqueos azules) en supermercados y otros sitios públicos.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica estarían obligadas a abrir centros de recarga en todas las regiones del país, cada 10 kilómetros en carreteras cantonales y cada 80 kilómetros en las nacionales.

La diputada Marcela Guerrero (PAC), una de las impulsoras del proyecto de ley, dijo que esta es una iniciativa ambiciosa, dirigida a “descarbonizar” la economía costarricense.

Costa Rica ha proclamado que para el año 2021 espera alcanzar la carbono-neutralidad, pero el principal obstáculo para lograr ese objetivo es la alta contaminación que genera el parque automotor.

El año pasado, el país alcanzó casi el 100% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, lo cual se considera un logro de la mayor importancia, pero el transporte sigue dependiendo en su totalidad de los hidrocarburos, responsables de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.