• Entrevista

Mónica Baltodano: luchamos por restablecer derechos republicanos mínimos en Nicaragua

“Por el momento, lo que estamos tratando es de restablecer los derechos fundamentales de una ‘república mínima’: separación de poderes, libertad de expresión, libertad de manifestación. Que los ciudadanos no tengan que huir para protegerse, dejando sus casas, sus tierras y sus negocios”.

Mónica Baltodano, combatiente sandinista desde los 15 años.

Así se expresa Mónica Baltodano, ex comandante del Frente Sandinista, funcionaria en altos cargos durante el gobierno revolucionario que siguió a la caída del dictador Anastasio Somoza (1979-1990). Más tarde, diputada sandinista desde la oposición.

Hoy, Baltodano está enfrentada al régimen que encabeza Daniel Ortega, a su autoritarismo y a la represión violenta de las protestas populares.

Su análisis de lo que ocurre en Nicaragua en estos días y las raíces del conflicto es esclarecedor. Ella habló largamente sobre estos temas con Informa-tico.com y este es un resumen de esa conversación.

 

Informa-tico: Más allá de las noticias ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Cuál es el trasfondo de la crisis?

Mónica Baltodano: La crisis es la expresión de un acumulado de inconformidad del pueblo de Nicaragua por el modelo económico, social y político imperante desde que Daniel Ortega llegó al gobierno en el 2007.

Dicha inconformidad ya había empezado a manifestarse en 1999, cuando Ortega hizo un pacto de colaboración con el entonces presidente Arnoldo Alemán (del Partido Liberal Constitucionalista, PLC-derecha), mediante el cual se repartieron el control de las instituciones por partes iguales.

Para ello impulsaron reformas constitucionales que implicaron un retroceso en los logros democráticos que había hecho la revolución.

Por ejemplo, estas reformas bajaron el porcentaje mínimo de votos para ser electo en primera vuelta, lo que le permite a Ortega ganar las elecciones en 2007 con solo el 38% de los votos.

Durante su gobierno siguió concentrando poder, poniendo a sus allegados en todas las instituciones: en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, en la Contraloría General de la República, en la Asamblea Nacional (Congreso).

Hace un pacto con la iglesia católica, encabezada por el cardenal Miguel Obando y Bravo y logra un acuerdo con la dirigencia de los empresarios que se expresa en pocas palabras: “ustedes dedíquense a sus negocios, yo les facilito todo lo que sea necesario para que hagan sus ganancias, y a mí me dejan la política, no se metan en eso”.

Entonces, surgen las exoneraciones, el congelamiento de impuestos al capital, los intereses más altos para el sistema bancario, protección especial a las empresas transnacionales como la Unión Fenosa (empresa española de distribución eléctrica) que tiene en Nicaragua las tarifas más caras de Centroamérica a pesar de que cambió la matriz energética y ahora se produce electricidad más barata (hidroeléctrica, eólica, etc).

En virtud del pacto con la Iglesia, es nombrado como presidente casi vitalicio del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas, uno de los personajes más corruptos de Nicaragua. En pocos años, Rivas (hijo del cardenal Obando) logró amasar una fortuna que le permite tener mansiones en la playa, otra mansión en Costa Rica, un jet privado y muchos otros bienes.

De esta manera, Ortega se garantiza que todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y todas las decisiones del parlamento sean favorables a sus intereses.

Mientras tanto, el pueblo de Nicaragua fue perdiendo las conquistas que había hecho con la revolución: la libertad de expresión, los derechos de manifestación y protesta, de participación política. Las mujeres pierden el derecho de recurrir al aborto terapéutico, gracias a una ley que lo prohíbe y que es apoyada por el Frente Sandinista.

 

Y mientras tanto, ¿qué pasa con los partidos de oposición? ¿Cómo han enfrentado a Ortega?

Lo que pasa es que, controlando el Consejo Supremo Electoral, Ortega se garantizó la eliminación de los partidos opositores. Al Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que obtuvo un 8% de votos en las elecciones, le quitaron la personería jurídica. Al Partido Liberal Independiente (PLI) lo eliminaron mediante una maniobra, quitándole la personería a sus auténticos dirigentes y entregándosela a unas turecas del FSLN. Así fue eliminando toda oposición.

Entonces, en las elecciones de 2016, hubo una abstención de más del 60%, aunque Roberto Rivas haya dicho que era del 35%, una fiscalización paralela que realizamos demostró que sólo el 40% de los electores acudió a las urnas.

Además, arreglaron los números para que Ortega contara con el 70% de las diputaciones en la Asamblea Nacional. Así, todas las reformas constitucionales él las hace sin necesidad de contar siquiera con los votos de los partidos zancudos (turecas).

 

¿En qué momento es que inicia la represión policial contra las protestas populares?

Eso empieza vario años atrás, cuando los campesinos salen a expresar su rechazo al proyecto de construcción de un canal interoceánico a través del lago de Nicaragua.

Es entonces cuando sacan a los policías. Cada vez que los campesinos organizaban marchas hacia la capital, movilizaban cantidades impresionantes de policías antimotines policías. Primero los ponen a bloquear carreteras para que no puedan pasar los camiones, pero luego los despliegan en las mismas comunidades para impedir que la gente se movilice.

Este movimiento campesino, como decíamos, surge con la concesión canalera. Esta concesión otorga importantes ventajas al concesionario no solo para construir el canal, sino también para los proyectos complementarios que eran como 15 (puertos, carreteras, etc) más todos los que el concesionario considere necesarios.

Entonces, con este instrumento cualquier negocio del concesionario goza de antemano de todos los privilegios contenidos en una ley absolutamente entreguista. Por eso es que, aunque el canal no se construya, la ley tiene que ser derogada.

Todo esto son los antecedentes de lo que ocurrió el 18 de abril, cuando una manifestación de jóvenes que protestaban porque el gobierno no hacía nada para parar un incendio en una reserva forestal, fue brutalmente reprimida.  Las protestas siguen y las víctimas de las agresiones ya son también los periodistas y dirigentes sociales. Cuando el movimiento crece, empiezan los disparos y las muertes.

Disparaban a la gente con francotiradores, directamente a matar. El pueblo se insubordinó y las protestas se extendieron a todo el país..

La Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos tiene una lista de 450 muertos, otras organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 312. Por supuesto, las instituciones oficiales no quieren dar cifras.

 

¿Cuál es la situación en este momento?

En este momento, después de que la policía desmonta los tranques (barricadas) inicia una “operación limpieza”: allanamientos de casas y capturas selectivas realizados a veces por los paramilitares; juicios sumarísimos sin ninguna garantía procesal para los acusados. Detienen automóviles, decomisan celulares. En otras palabras, hay un estado de suspensión de facto de las garantías constitucionales, de facto porque no se ha decretado formalmente una ley marcial.

Las cárceles están llenas y no han podido ser visitadas por la CIDH, ni por el mecanismo de seguimiento que nombró la OEA, ni por organismos de derechos humanos nacionales. Los detenidos son vigilados de manera que no pueden hablar con el abogado defensor si no están rodeados de dos o tres militares, violando el derecho al sigilo entre defensor y defendido.

La economía está destruida:  solo en el sector turístico se han cerrado 250.000 empleos. La economía no va a crecer como estaba previsto (4%) y está más bien viene decreciendo. Todo eso genera un escenario de crisis sostenida, que no termina y que no va a terminar mientras Ortega no se siente a dialogar y acepte que tiene que salir del gobierno.

 

¿Es esa una salida viable?

Hay propuestas, aunque él por supuesto trata de aferrarse al poder. La conferencia episcopal ha propuesto convocar a elecciones adelantadas en el primer semestre de 2019, mientras tanto él permanece en el poder y entrega la banda presidencial al ganador.

La Coordinadora Universitaria por la Democracia (CUD) ha presentado una propuesta que parte de que si la pareja renuncia (Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo), el parlamento puede poner a un sustituto que incluso puede ser un sandinista que sea aceptable.

También se ha propuesto nombrar una junta transitoria con representación de todos los sectores, incluidos los sandinistas.

Ahora estamos presentando la propuesta de crear una gran convergencia en donde esté gente de la Alianza Cívica, que es una instancia convocada por la conferencia episcopal, a la que Daniel le ha pedido que actúe como mediador en un diálogo.

Ellos han escogido gente de la sociedad civil (sector privado, estudiantes, sindicatos, dirigentes de la costa Caribe y los campesinos) para integrar la mesa de diálogo.

Ahora, la horizontalidad y la falta de jefatura es una desventaja que tenemos que solucionar y lo vamos a hacer con la sabiduría que ha caracterizado al pueblo de Nicaragua.

 

La falta de liderazgo es un factor preocupante porque, si Ortega termina yéndose, ¿Qué viene después? ¿Qué garantías hay de que no va a ser un poco de lo mismo?

El movimiento que se levantó tiene banderas muy claras: no quiere más represión, más crimen; quiere reformas constitucionales que regresen al país las garantías de elecciones verdaderamente limpias, democráticas, derecho a la libre movilización, de pensamiento. Derecho a decidir, por ejemplo, que no queremos una industria extractiva de minerales a cielo abierto, que las concesiones se den previa consulta informada a las comunidades afectadas.

Esas son nuestras banderas inmediatas pero no son las únicas, todos tenemos banderas que van más allá, pero ahorita estamos tratando de restablecer los derechos fundamentales de una “república mínima.

 

¿Qué pasa con el ejército?

Daniel lo que quiere es convertir la fuerza armada en un ejército pretoriano, a su servicio. El quiso que el ejército saliera a reprimir las protestas, pero el ejército no salió porque sus jefes entendieron que si lo hacían el ejército iba a perder toda la legitimidad que ha ganado ante el pueblo de Nicaragua gracias a un largo proceso de profesionalización.

Hay cuestionamientos porque se alega que los paramilitares andan con armas de guerra que tendrían que haber recibido del ejército, pero visiblemente ellos no han salido a reprimir.

También ha críticas porque no han procedido a desarmar a los paramilitares que usan armas de guerra y operan como una fuerza militar paralela.

Ciertamente, el ejército puede ser un factor que opere a favor y en contra y de eso van a depender muchas cosas del futuro de Nicaragua.