Un porcentaje significativo de educadores se mantienen en paro labora, desde el 10 de setiembre, en protesta por una serie de temas incluidos en el “Combo Fiscal” que no son materia tributaria, como el caso del empleo público, que el gobierno mantiene en el paquete fiscal pese a las protestas y en demanda de justicia fiscal para evitar que el peso de la reforma tributaria recaiga en los hombros de los trabajadores.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) lamentó este fallo en medio de un ambiente de indignación. Tras conocerse el fallo los asociados se congregaron este jueves en la sede del sindicato, en San José, y rechazaron los argumentos del Tribunal de Trabajo, que la APSE calificó de “deplorable” y “un despropósito judicial”.

Esta es la segunda ocasión en que un tribunal de trabajo declara la ilegalidad de la protesta, ya que el primer fallo fue anulado por un tribunal superior que devolvió el expediente al juzgado de primera instancia. El nuevo fallo del juzgado de trabajo declaró la ilegalidad basado en los mismos argumentos que emitió en el primer proceso.

Los sindicatos, Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y la APSE anunciaron que preparan la apelación en el término que concede la ley. Por otra parte, analizan otras acciones con los asociados para evitar que decaiga el movimiento de huelga.

Entre las consideraciones del Juzgador, se emite un criterio que ha sido valorado por la dirigencia del Magisterio como irresponsable y que podría socavar el sistema de educación pública costarricense como es, que la huelga no es una protesta pacífica porque ha tenido expresiones violentas en el cierre de vía y rutas en distintos puntos del país. Los gremios del magisterio rechazaron de plano estos argumentos de los tribunales.

Aspectos del Fallo del Tribunal de Trabajo

En el trámite del Procurador General, Julio Jurado Fernández, ante el Tribunal de Trabajo para que se declare la ilegalidad de la huelga de los docentes, fundamentó su exposición de motivos en el hecho de que para la paralización de labores -en oposición a la tramitación legislativa del proyecto N° 20580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)- conocido popularmente como “Combo Fiscal”, “no corresponde a conflictos de naturaleza laboral que posea nexo con las relaciones de empleo que mantienen los huelguistas, por lo que alega que dicho movimiento coincide con lo que se denomina “huelga política”, o medidas de presión dirigidas hacia los poderes del Estado para que de esa manera acceda a favor de intereses de las organizaciones sindicales”.

Los argumentos que el Juez señaló fueron la condición de “huelga indefinida” que por su larga duración es desproporcionada ya que está afectando otros servicios como los Comedores Estudiantiles, cerrados a la prestación del servicio de alimentación para unos 98 mil 966 estudiantes muchos de ellos, “de zonas rurales con altos grados de pobreza en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social”.

Además, “a criterio de este juzgador se han visto transgredidos los principios de razonabilidad y proporcionalidad ya que desde el inicio del movimiento de huelga, el 10 de setiembre del 2018, su fin fue realizado durante los primeros días, la voz de los sindicatos y trabajadores(as) fue escuchada, en hechos públicos y notorios”.

“El país se vio envuelto en una paralización con motivo de la huelga nacional en donde los medios de comunicación transmitieron las imágenes de los grandes conglomerados de personas marchando, portando pancartas, y ejerciendo su derecho a la libre expresión en contra de lo que consideran atenta contra sus intereses y siendo dirigidas por las diferentes agrupaciones sociales. Bajo esta línea de pensamiento se tiene que se ejerció el derecho de huelga y a manifestarse.”

Los sindicatos han rechazado los argumentos del juez y se aprestan a presentar una apelación a la totalidad del fallo dado a conocer este miércoles.