La experta en derechos humanos, Vanessa Jiménez, del Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme), y representante legar de Salitre y Térraba ante la CIDH. (Foto:Uned)

La especialista en derechos humanos, Vanessa Jiménez, abogada senior del Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme), y representante legal de Salitre y Térraba ante la CIDH, participó en un encuentro de investigadores expertos en los pueblos originarios de nuestro país de las Universidades de Costa Rica (UCR) y Estatal a Distancia (UNED) con la prensa, este miércoles en el Paraninfo de la UNED. Al encuentro también asistieron líderes de Salitre y Térraba y dos hijos de Sergio Rojas.

Jiménez valoró que el aumento de las agresiones contra los pueblos Bribri de Salitre y Bröran de Térraba y la situación de indefensión y vulnerabilidad en que se encuentran, información que certificaron los universitarios así como los registros de denuncias de la Fiscalía, obligan a que el caso sea valorado, lo que podría conducir a una demanda contra del Estado costarricense ante la CorteIDH.

En todos estos años, dijo, “no hemos visto acciones efectivas del Estado para la protección de la vida y la integridad de las personas y los territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares internacionales”, afirmó la jurista, quien también recordó que las resoluciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son vinculantes para los Estados Parte como Costa Rica.

En este momento, agregó Jiménez, hay organizaciones nacionales e internacionales que están abocadas a documentar las circunstancias en que ocurrió el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y la situación de permanente amenaza, agresión y miedo a que están sometidos los territorios indígenas. Esto con el propósito de cumplir con los atestados que se requieren para elevar el caso a la CorteIDH. Lo que podría ocurrir si el Estado costarricense no logra convencer de que se pone en marcha una estrategia correcta y efectiva de protección de derechos y cumplimiento de las leyes.

Jiménez indicó que todos los estudios realizados por diferentes instituciones y organizaciones civiles, señalan “el problema de la ocupación masiva e ilegal de los territorios indígenas por no indígenas y la falta de acciones por parte de instituciones del Estado, como el sustrato en el que se sustentan los agresores”.

Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de generar acciones inmediatas de desalojo de usurpadores ilegales de los territorios indígenas tal y como indican las leyes costarricenses y de acuerdo con la protección de derechos de los convenios internacionales, puntualizó Jiménez. Así existan condenas de desalojo legal o no, puntualizó.

El profesor-investigador de la UNED, Juan Antonio Gutiérrez Slon, citó dos fallos judiciales de 2015 “irrefutables” , dijo, sobre la legalidad del derecho indígena en los territorios y su condición de inalienables. Los dos, lamentó Gutiérrez Slon, se encuentran sin ejecución de la pena.

El primer fallo de la Sala Tercera condenó por el delito de usurpación ilegal a la activista antiderechos indígenas Thais Hidalgo, y ordenó el desalojo inmediato y el segundo fallo, de la Sala Constitucional, que resolvió que Hidalgo no pudo comprobar su ascendencia indígena, y que, por el contrario, en las gestiones judiciales que solicitó para comprobar su pretendida identidad, los pueblos Bribri, Térraba y Boruca la rechazaron como descendiente de alguno de estos pueblos.

Además, dijo Gutiérrez Slon, “hay otro voto de la Sala Constitucional de 2015 que indica que cualquier medio de comunicación que posicione a Hidalgo como indígena, directamente desobedece el orden constitucional respecto de esta materia” pero, lamentó, la activista antiderechos indígenas se presenta como defensora del derecho indígena y tiene una gran promoción en la prensa nacional, “ante esto las instancias judiciales que deberían atender la desobediencia de una sentencia judicial, no hacen nada”.

Gutiérrez agregó que, tanto la condena de la Sala III por usurpación de tierras como el fallo de la Sala IV sobre su pretendida procedencia indígena, los dos tribunales superiores “dejaron muy claro que ella no es indígena” y por lo tanto, no puede reclamar derechos que no le corresponde.

Sobre los contenidos de las noticias respecto de los pueblos indígenas, Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE/UNED) resumió que de 200 noticias en medios de prensa sobre pueblos indígenas que fueron analizadas, en el 80% de los casos las voces consultadas eran de personas no indígenas mientras que no llegaron al 20% las noticias que incluyeron declaraciones de indígenas. De lo que se concluye “que los pueblos indígenas no tienen voz en los medios de comunicación del país”. ¿Cómo vamos a saber realmente lo que pasa?

Ante la realidad que reveló el estudio, Vargas Solís pidió a los periodistas hacer un esfuerzo por educarse e informarse sobre los pueblos indígenas costarricenses y recurrir a las autoridades de los pueblos originarios, a fuentes especializadas como los centros de investigación y especialistas de las universidades así como a las ONG de derechos humanos y las que trabajan en los territorios, para sustentar sus noticias, en el marco de la responsabilidad social que tienen estos profesionales y del Código de Ética que rige la profesión de los comunicadores.