• Universidades no tienen fines de lucro

La UCR corrigió a Hacienda y certificó que proyecto fiscal grava con 13% a universidades públicas

La Universidad de Costa Rica corrigió información del Ministerio de Hacienda que niega el cobro del 13% del IVA a la educación superior pública, precisó que en el último texto que entregó el gobierno al Congreso del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se eliminó el artículo que exoneraría a las universidades estatales y advirtió que el impuesto a la educación superior pública causaría un grave perjuicio al país.  

Universidades públicas no tienen fines de lucro, por lo tanto no tienen por que ser gravadas con el Impuesto al valor agregado.

En una carta del rector Henning Jensen a la ministra Rocío Aguilar, refutó la información difundida por Hacienda que niega el cobro del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la educación superior pública y le solicitó información sobre algunos artículos que fueron cambiados pese a existir un acuerdo entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“En la Universidad de Costa Rica hemos revisado y analizado el último texto sustitutivo del proyecto de Ley para Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Exp N°20580) presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y constatamos la eliminación del inciso 15 del artículo 8 que exoneraba del pago del impuesto al valor agregado a las universidades públicas”.

“Agradecemos la respuesta del Ministerio a su cargo que ha circulado con respecto al pago del impuesto al valor agregado para la educación superior pública”.

“El Ministerio de Hacienda emitió una aclaración mediante un comunicado de prensa en que asegura que no es correcto afirmar que la educación superior pública sería gravada con un impuesto del 13%”.

Sin embargo, profesores especialistas en materia fiscal realizaron una minuciosa revisión y análisis del último texto sustitutivo del proyecto fiscal, en lo relativo a las fuentes de financiamiento a las universidades públicas y las medidas fiscales con repercusiones tanto en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) como sobre las actividades docentes, de investigación y acción social así como en los servicios que brindan al país y encontraron varios puntos que fueron cambiados, suprimidos o agregados en el último texto, “contrarios a acuerdos alcanzados en negociaciones entre los representantes de gobierno y las autoridades universitarias”.

En esa revisión, señala el rector Jensen, “constatamos la eliminación del inciso 15 del artículo 8 que exoneraba del pago del impuesto al valor agregado a las universidades públicas”.

“No consideramos que al hacer de conocimiento público de nuestra parte esa información se esté induciendo a ningún error, ya que al eliminar por completo dicho inciso, se está efectivamente gravando con el 13% a la educación superior pública”.

“Agradecemos que su Ministerio nos informe de la intención de presentar una moción que incorpore, dentro de las actividades no sujetas al pago del impuesto, la matrícula y los créditos de las universidades públicas”.

“Sin embargo, dejan ustedes implícita su intención de que los bienes y servicios que brindamos como universidades públicas sean gravadas con un 13%, no así con la educación superior privada que tendría que pagar sólo un 2% de IVA, según el texto actual”.

“Como es de su conocimiento, las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica: docencia, investigación y acción social generan un impacto invaluable a la sociedad y no tienen fines de lucro, por lo tanto no deberían ser gravadas”.

El rector fue enfático al señalar que los universitarios consideran que “lo más conveniente es que se vuelva a incorporar al texto sustitutivo el inciso 15 del artículo 8, tal como estaba incluido en el texto anterior. La exoneración a la educación debe ser explícita”.

“Por otro lado, nos informan del Ministerio de Hacienda la intención de devolverle a las universidades públicas como parte de sus presupuestos, los pagos adicionales realizados por concepto del IVA. Sin embargo, no encontramos ningún artículo en el actual texto que asegure dicha devolución. Esto nos dejaría en un limbo jurídico que no nos brinda seguridad de que esas devoluciones se realicen. Lo consideramos poco viable”.

Además, destacó el Rector de la UCR “nos sorprende mucho que hayan incorporado una vez más la eliminación de destinos específicos del texto sustitutivo en mención, dado que, como ustedes saben, esa decisión afectaría en gran medida varias de las Sedes y Recintos de la UCR, así como los laboratorios y centros de investigación”.

"Existía un acuerdo para que ese artículo (que elimina los fondos de destinos específicos) fuese eliminado”, de manera que los fondos de destino específico se mantengan.

“Señora Ministra, gravar la educación es en la práctica una disminución a los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior Pública. Reducir los recursos destinados a la educación es un grave retroceso para nuestro país. Entendemos la urgencia de tomar medidas para mejorar las finanzas públicas, pero esas medidas no pueden llevarnos a decisiones equivocadas que lesionen la educación superior, precisamente, es la educación la que nos ha hecho un país con condiciones de vida y de bienestar que nos distinguen entre otras naciones” resaltó.

“Estamos en toda la disposición de conversar y colaborar en la construcción de soluciones al problema fiscal” cierra la carta de Henning Jensen Pennington, rector Universidad de Costa Rica.

Estudios de expertos en materia fiscal

La UCR reveló el viernes 31 de julio los resultados de estudios de académicos especialista en materia fiscal que señalaron cláusulas que riñen con los principios de justicia tributaria, equidad y progresividad en el cobro de impuestos y graves omisiones en las cláusulas de evasión y elución que, según los expertos, es uno de los aspectos más relevantes del problema fiscal ya que la evasión se calcula en el 8% del PIB, una cifra mayor al déficit fiscal que se busca solventar.

Señalaron que de aprobarse el proyecto fiscal tal como está “el estudiantado tendrá que pagar el impuesto del 13% sobre el costo de la matrícula lo que significa alrededor de 400 millones de colones, que dentro del contexto de recaudación que espera el gobierno representa pocos ingresos pero que sí es representativo para las y los estudiantes de bajos recursos”.

Revelaron además, que el proyecto fiscal contiene una serie de cláusulas que se traducirían en recortes significativos al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) establecido en la Constitución Política para financiar a las universidades. Solo el cobro del IVA restaría millones de colones a estos centros educativos.

Sobre estos puntos el rector Jensen señaló que “pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de la urgencia de tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó.

Agregó que en otras áreas que las universidades estaban exoneradas ahora tendrán que pagar sumas adicionales, como en “las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo que corresponde a una erogación adicional de más de 8.500 millones de colones, para el caso específico de la UCR”.

“Esto supone que del presupuesto universitario, las unidades académicas deberán desembolsar más recursos para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio y otros, lo que perjudicará el quehacer sustantivo de las instituciones y por lo tanto a la población estudiantil” enfatizó.

Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, explicó que con la propuesta tal y como está en este momento, “se nota la intención de desfavorecer a las universidades públicas, ya que la no exoneración de impuestos pone a las instituciones en una situación de gran vulnerabilidad”.

Otro aspecto que preocupa a las instituciones de educación superior pública es la propuesta de derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N° 6450 y sus reformas sobre fondos de destino específico, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR, asigna recursos para financiar las sedes regionales -que permiten llevar educación superior a localidades alejadas-, así como a los laboratorios y centros de investigación universitarios, que provienen de los fondos de destino específico, que algunos diputados en acuerdo con sectores económicos presionan para eliminar.

Texto de Hacienda refutado por la UCR

“En relación con informaciones divulgadas en varios medios de comunicación sobre el cobro de impuestos a la educación superior pública, el Ministerio de Hacienda aclaró que en el texto sustitutivo del Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la matrícula y créditos de educación superior pública están exentas del pago del impuesto al valor agregado (IVA).

Por lo anterior y con el propósito de no inducir a error de interpretación a la opinión pública, se presentará una moción legislativa donde se aclarará específicamente que tanto la matrícula como los créditos de las universidades públicas no pagarán el IVA.

Con respecto a la medida que establece el cobro de impuestos a las universidades, el ministro de Hacienda a.i., Nogui Acosta, explicó que tal y como se indica en la propuesta, todas las instituciones públicas pagarán impuestos, no solo los centros de educación superior.

Esta disposición tiene como objetivo hacer más transparente el gasto tributario y disminuir la complejidad del crédito del impuesto a las empresas que le venden al Estado.

Acosta aseveró que este pago adicional por impuestos les será reconocido posteriormente en el presupuesto asignado a cada institución”.