• Nuevo texto eliminó conceptos vitales de uso y protección del agua

La Asamblea Legislativa aprobó la controvertida la ley de aguas en primer debate

En medio de las protestas de activistas que impulsaron el proyecto original de la Ley de aguas, que se mantuvieron en las barras del público hasta el final de la sesión, el Plenario Legislativo aprobó, anoche, en primer debate el controvertido texto sustitutivo al presentado por Iniciativa Popular, la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17742).  

La Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) denunció reiteradamente anomalías en el trámite del Proyecto de Ley de aguas que se presentó por el mecanismo de Iniciativa Popular, que fue sustituido en la Comisión legislativa de Ambiente por otro documento que consultó con grupos empresariales diversos y con empresas del sector de agronegocios que son grandes consumidoras de agua, entre estas las piñeras.

Los diputados, por su parte, defendieron que el texto aprobado conserva intacto gran parte del articulado del proyecto original y los principales conceptos de los defensores del agua como el derecho de acceso universal, la tutela del recurso y el uso sostenible del agua.

Un día después de su aprobación, las expectativas de las organizaciones agrupadas en ANDA se centran en la presentación de la Consulta Constitucional que sigue al trámite de aprobación en primer debate. Esta solicitud tiene que ser solicitada por diez legisladores ante la Sala IV.

De no ocurrir la consulta y pasar a segundo debate para su aprobación definitiva, los defensores del agua se preparan para presentar una Acción de Inconstitucionalidad.

El diputado Francisco Camacho, del Frente Amplio, señaló que su fracción se oponen al texto sustitutivo pues no corresponde al presentado en Iniciativa Popular, que se envió a consulta de la Sala Constitucional y previó que el procedimiento de aprobación del texto sustitutivo pueda enfrentar a fallas técnicas.

Por su parte el legislador Juan Marín (PLN) Juan Marín, quien impulsa el proyecto, defendió el texto asegurando que ellos trabajaron sobre la base de la iniciativa popular que viene desde hace tres años atrás y aseguró “que se encuentra lejos de beneficiar solamente al sector privado o a unos cuantos y que más bien, es pensando para la población.”

Marín explico en redes sociales que "el proyecto entró a discusión del régimen interno el lunes. Entendimos que había que hacer algo para discutir ese asunto que estaba pendiente y presentamos dentro del principio democrático y de enmienda, un grupo más de 12 diputados, un texto sustitutivo en horas de la mañana (de ese lunes 1° de noviembre) y una moción de dispensa de trámite también".

Aseguró que es un "texto que lleva discutiéndose tres años" con los ajustes y mociones. "No es un texto que apareció ayer", además señaló que el texto sustitutivo aprobado en el Plenario, es un texto actualizado y completo.

Una diferencia sustancial que señalan los defensores del agua es que desaparecieron “el derecho humano al agua potable” y en su lugar pusieron “a fin de garantizar su acceso universal, solidario, equilibrado y equitativo, lo cual es jurídicamente desigual e incomparable. También desapareció el concepto que define al agua como “bien demanial” del Estado, o sea, como patrimonio insoslayable de todos los costarricenses.

Resumen oficial del texto aprobado

La versión oficial del texto aprobado en primer la noche del jueves (02.11.17) señala que el “proyecto de ley tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso hídrico continental, insular y marino, por considerarlo un recurso fundamental para la vida, limitado y vulnerable.”

Además, que “la gestión del recurso hídrico será integral a fin de garantizar su acceso universal, solidario, equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer las necesidades sociales, ambientales y económicas de las generaciones presentes y futuras y  el desarrollo sostenible de la nación.”

En su articulado también se señala, de acuerdo al resumen oficial provisto por la Asamblea Legislativa, la gestión deberá tomar “en consideración la vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio climático que afecta directa o indirectamente el recurso hídrico y los ecosistemas asociados.”

Así mismo, establece que las aguas y sus fuerzas asociadas, así como los cauces o vasos que las contienen son de dominio público; también, forman parte del dominio público los canales artificiales de drenaje y canales de aprovechamiento, únicamente cuando sean utilizados en beneficio público colectivo y no en beneficio de un grupo o una persona en particular, así como todos los terrenos formados o que se formen en los cauces por la dinámica natural de las aguas.

Se exceptúan del dominio público los cauces de los ríos que queden abandonados porque el curso de las aguas varió naturalmente. Estos cauces, en toda su longitud, pertenecerán a los dueños de los predios respectivos.

Se crea el sector hídrico del Estado con el objetivo de facilitar la planificación y las acciones en materia de recurso hídrico.

Este sector está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado, que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua, así como otros que concurran en la consecución de los objetivos de esta ley y que por sus funciones les corresponda la aplicación de las políticas en materia de recurso hídrico.

Integrarán este sector los siguientes subsectores: agua para consumo humano, saneamiento, agro productivo, generación de energía, y riego y avenamiento. Vía reglamento se definirá quiénes integrarán los subsectores correspondientes, así como las obligaciones y potestades.

También el proyecto crea la Dirección Nacional de Aguas, como un órgano técnico adscrito al  Ministerio de Ambiente y Energía, con personería jurídica instrumental para administrar el patrimonio que esta ley le encarga. Vía reglamento se definirá la organización de este órgano y su estructura administrativa.

Esta Dirección estará a cargo de un director nacional, quien será un funcionario seleccionado mediante concurso de antecedentes; su nombramiento será por un plazo de cuatro años prorrogables.

Las resoluciones de la Dirección Nacional de Aguas podrán ser objeto del recurso ordinario de revocatoria y apelación. El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que se impugna. Una vez resuelto, el interesado contará con un plazo adicional de cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación.

La Ley que rige data de 1942, tiene una serie de disposiciones sobre el uso y el manejo del recurso hídrico, que lo cataloga principalmente como un bien demanial del Estado y que al Estado le corresponde tutelar sobre este bien, sobre el agua, sobre el recurso hídrico, y a partir de ahí comenzar a generar una serie de iniciativas para el buen uso y garantizar el acceso del agua potable a la gran mayoría de la población costarricense.