La propuesta fue elaborada por un grupo de especialistas vinculados a un importante grupo de organizaciones sindicales y sociales, con el apoyo de la fundación alemana Fiedrich Ebert, sobre la base de un diagnóstico que requirió el trabajo de varios meses.

La iniciativa propone “llevar progresivamente (en el transcurso de unos cinco años) la carga tributaria a un 18 – 20% del Producto Interno Bruto (PIB), pero no aumentando la carga a los pequeños y medianos contribuyentes, que es lo que ha predominado en iniciativas planteadas anteriormente.

“Reducir drásticamente la odiosa evasión y la defraudación fiscal, injustificable tanto por razones fiscales como, sobre todo, por razones éticas y políticas”, señala el documento.

Otras medidas propuestas son “mejorar sustancialmente la rendición de cuentas en materia tributaria, así como la calidad del gasto público y su impacto en el bienestar de la población”.

“Corregir las inequidades verticales (en los impuestos al consumo) y horizontales (en los impuestos sobre la renta y la riqueza)”.

Dotar a la Administración Tributaria de mayor capacidad en diversos campos –legal, administrativo, tecnológico, institucional, profesional- para enfrentar la elusión, la evasión, la subfacturación en aduanas, el contrabando, el fraude fiscal y el lavado de dinero.

Estos cambios, indica la propuesta solo pueden abrirse campo exitosamente mediante un acuerdo social y político, que sea producto del convencimiento de los diferentes sectores de la población de que estos cambios son necesarios, de acuerdo con los sindicalistas.

Medidas concretas

La iniciativa plantea que es posible reducir significativamente el déficit fiscal con solo atacar de manera eficiente la evasión y elusión tributaria, que según el propio gobierno representó un 5,8% del PIB en el 2010, es decir, más del 100% del déficit presupuestario.

Un desglose del problema indica que la evasión en el impuestos de ventas alcanza el 25%; la evasión en renta empresarial representa el 50%; el contrabando provoca pérdidas al Estado por 100 millones de dólares anuales; el lavado de dinero en paraísos fiscales deja pérdidas por cerca de un billón de dólares anuales ($1.000 millones).

Atacando estas formas de evasión entre otras, señala la propuesta, se podría reducir el déficit en 2 puntos porcentuales en el plazo de 4 años.