Los gremios docentes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y otros del sector cumplieron 85 días en huelga mientras que otros sindicatos también se han sumado a distintas acciones de presión contra varios puntos de la reforma fiscal, principalmente en el tema del empleo público y el impuesto del 13 % al valor agregado que afectará los productos de la canasta básica y por lo tanto, la calidad de vida de los trabajadores.

El fallo de la Sala Constitucional del pasado 23 de noviembre, fue el elemento fundamental que allanó el camino para la aprobación de la reforma fiscal al establecer que se tramitó correctamente en el Congreso y que su contenido no contiene disposiciones que contravengan la Constitución Política. Pero además, determinó que su aprobación no requería de mayoría calificada (38 votos). Una meta dificil de franquear para el gobierno que en el camino, en lugar de sumar restó un voto en la votación final.

Los puntos centrales del paquete fiscal son, la imposición del impuesto al valor agregado de un 13 por ciento a los bienes y servicios, cambios a los gravámenes sobre la renta, modificaciones en el empleo público y una nueva regla fiscal, además de otras medidas impositivas con las que el gobierno proyecta recaudar 456 mil millones de colones, cerca de un 1,29 por ciento del Producto Interno Bruto adicionales a anteriores recaudaciones.

Los diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) destacaron que “el diálogo y la construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas” permitieron concluir “el trámite parlamentario de una iniciativa vital para seguir aportando soluciones a la estabilidad financiera del Estado”.

Para los diputados del PAC la nueva ley “brinda la posibilidad al país de transformar sus herramientas de recaudación fiscal y a la vez impone nuevas reglas de responsabilidad fiscal para contener el gasto público. Se trata de un gran “primer paso en el orden de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

La principal voz disidente en contra de varios puntos del contenido de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha sido el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, quien señaló que fue el fallo de la Sala Constitucional lo que permitió la aprobación del Combo Fiscal, porque “eliminó el requisito constitucional de mayoría calificada (38 votos) para la votación de este proyecto de ley."

El legislador afirmó que “la lucha por la justicia fiscal y tributaria en nuestro país va a seguir aunque este proyecto se haya aprobado. Yo quiero reconocer hoy en este Plenario, a todas aquellas personas que a lo largo de estas semanas han luchado por una reforma fiscal justa en nuestro país, quiero reconocer esas luchas que han dado durante muchos días”, dijo Villalta.

En un resumen proporcionado por la Asamblea Legislativa se consigna la información relativa al texto que aprobó el Plenario Legislativo, que reproducimos a continuación.

¿Qué busca el proyecto?

Los productos de la canasta básica tendrían un gravamen de un 1 por ciento que se estaría destinando a las pensiones del régimen no contributivo, luego de un acuerdo entre diversas fracciones con el Poder Ejecutivo.

Se plantea, además, un impuesto de un 2 por ciento a medicamentos y un 4 por ciento a la consulta médica privada, pero se establece una devolución del dinero si se paga con tarjeta de crédito o débito.

Otro de los cambios propuestos son las modificaciones sobre el impuesto sobre la renta. La propuesta establece un gravamen unificado a las rentas de capital de un 15 por ciento.

En este tema los legisladores votaron una moción para que la tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas de capital y a las de las ganancias de capital será del 15 por ciento. No obstante, “los bienes y derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente capítulo, el contribuyente en la primera venta, podrá optar por pagar el impuesto a la ganancia de capital, aplicando al precio del enajenación una tarifa del impuesto del 2.25 por ciento.

El proyecto de ley propone una regla fiscal que limitaría el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del gobierno central-PIB.  Se utilizaría este parámetro por cuanto la deuda del gobierno central, a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes.

Además, de una reforma a la ley de salarios públicos que busca orientar las remuneraciones de la función pública para establecer topes a los mayores salarios de la Administración Pública. Un sistema de remuneración de salarios único para jerarcas; regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual, pero que tenga en cuenta el cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.

Los diputados acordaron sobre el régimen diferenciado que la Administración Tributaria podrá establecer regímenes tributación simplificada de acceso voluntario, cuando con ello se facilite el control y el cumplimiento tributario de los contribuyentes.

En el caso del sector agropecuario, el régimen que se constituya regulará los requisitos para su acceso, la forma de calcular el impuesto a pagar, la periodicidad con que se debe declara y pagar el impuesto, los registros que deberán llevarse y demás pormenores necesarios para su implementación sencilla y eficaz.

Los productores del sector agropecuario acogidos en este régimen no estarán obligados a emitir facturas por ventas de bienes y la prestación de servicios que realicen.

Exoneraciones

Por medio de varias mociones de revisión se acordó exonerar del pago de impuestos a las Redes de Cuido y los centros de atención de adultos mayores. Al igual que la venta de bienes o servicios para la exportación y entre beneficiarios del Régimen de Zonas Francas.

También estarán exentas la venta o importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico, prótesis y toda clase de equipo usado por personas con discapacidad. Así como los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, para universitaria y técnica.

Los bienes y servicios adquiridos por las juntas de educación y las asociaciones de desarrollo se verán beneficiado.

Las empresas de reciclaje estarán exentas por el primer año y al segundo deberán pagar un 4 por ciento y a partir del cuarto año deberán cancelar un 13 por ciento.

Se exoneran los alquileres inferiores a un salario base y el consumo eléctrico inferior a los 280 k/h.

Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Agregado durante el primer año de vigencia.

Así mismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del 4 por ciento durante el segundo año y una tarifa reducida del 8 por ciento durante el tercer año, a partir del cuarto año deberá pagar la tarifa completa del IVA.

Los diputados aprobaron una moción para que estén exentas de impuestos las ventas de bienes o servicios para la exportación y entre beneficiarios del Régimen de Zonas Francas, también estarán exentas las compras de bienes y la prestación de servicios que sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios de este régimen.

Además, se votó de manera favorable la moción de reiteración que establece que quedan exentos del impuesto sobre las ventas, los servicios y bienes comprados o adquiridos por las Asociaciones de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales de Costa Rica, siempre y cuando sean necesarias para la realización de sus fines y en beneficio de las comunidades o zonas que les corresponda atender.

También se le dio visto bueno a la moción 39, que establece que estarán exentas del impuesto sobre las ventas, la venta, comercialización y la matanza de animales vivos dentro de la cadena de producción e industria pecuaria. 

Empleo público

En el tema de empleo público se modificó lo referente al pago de la dedicación exclusiva por medio de una moción de reiteración.

Se establece “Para que se modifique dentro del Título III, Ley de Salarios de la Administración Pública, N° 2166 de 9 de octubre de 1957, y se modifique el artículo 49, para que en adelante se lea: Artículo 49.- Efectos de la evaluación anual.

El resultado de la evaluación anual será el único parámetro para el otorgamiento del incentivo por anualidad a cada funcionario. Las calificaciones anuales constituirán antecedente para la concesión de estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos. Será considerado los ascensos, promociones, reconocimientos, capacitaciones y adiestramientos, y estará determinado por el historial de evaluaciones del desempeño del funcionario.

Igualmente, el proceso de evaluación deberá ser considerado para implementar las acciones de mejora y fortalecimiento del potencial humano. Anualmente la Dirección General de Servicio Civil dictará los lineamientos técnicos y metodológicos para la aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño los cuales será de acatamiento obligatorio”.

Regla Fiscal

Dentro de los cambios que se refieren a la regla fiscal, aprobaron la moción de reiteración 279, para que los presupuestos sean plurianuales y establece que “PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL PIB.  El promedio de crecimiento del PIB se refiere al promedio de la tasa crecimiento interanual del PIB nominal de los seis años previos al año en que se formula el presupuesto”.

En el tema de regla fiscal se votó a favor la moción de reiteración 287, que dice: “ARTÍCULO 15.- Destinos específicos. Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias."

Y la 289 de reiteración que establece que el “ARTÍCULO 21.- Cumplimiento de la Regla Fiscal durante las etapas de formulación y presupuestación. El Ministerio de Hacienda realizará la asignación presupuestaria de los títulos presupuestarios que conforman la Administración Central con pleno apego a lo dispuesto en la presente ley y en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y sus reformas. La Dirección General de Presupuesto Nacional verificará, que las modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios cumplan con lo establecido en el artículo 11 de la presente ley y en la Ley 8131.

En caso de que dichas modificaciones impliquen el incumplimiento de la regla acá establecida, esta Dirección deberá aplicar lo dispuesto en el en el artículo 177 de la Constitución Política, e informará al Ministro de Hacienda y al presidente de la República.

En el caso de los recursos para los órganos desconcentrados, el Ministro de Hacienda decidirá, mediante criterios de suficiencia fiscal, el respeto a los derechos fundamentales y siguiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el monto a presupuestar a estos órganos y su crecimiento.

Transitorios

En este tema se votó de manera favorable la moción de reiteración 354, relacionadas con el transitorio XXIX, contenido en el artículo 41 se indica que  "Disposiciones Transitorias" del proyecto en discusión, y en caso de que la numeración cambie, se modifique el artículo o inciso idéntico o razonablemente equivalente, para que se lea de la siguiente manera: "TRANSITORIO XXIX.- El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten.

Las remuneraciones de los funcionarios que a la entrada en vigencia de /a presente ley, superen los límites a las remuneraciones establecidos en los artículos 41, 42, 43 y 44, contenidos en el nuevo Capítulo V de la Ley de Salarios de la Administración Pública, N° 2166 del 09 de octubre de 1957 y sus reformas, no podrán ajustarse por ningún concepto, incluido el costo de vida, mientras superen dicho límite."

Reacciones

El diputado Walter Muñoz señaló que este proyecto dejara huella en este país, pues dijo que han venido exponiendo las razones por las que se oponen al plan 20580, mal llamado Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, proyecto que ha sido un empeño total del Gobierno de la República en alianza con algunos partidos políticos.

“Hemos venido señalando que nosotros no estamos a favor de nuevos impuestos, que en Costa Rica existen más de cien impuestos y que eso, lo que hace, lejos de generar reactivación económica y fortalecimiento de las finanzas, al final lo que va a producir es más pobreza en este país”, dijo el diputado.

Por su parte el diputado Dragos Dolanescu, expresó que se ha hablado mucho en los últimos meses y aseguró que está muy dolido por los miles de costarricenses que van a mandar a la pobreza, ya que un estudio de la Universidad Nacional lo dice en un estudio.

“Nosotros estábamos de acuerdo que teníamos que hacer un plan fiscal o una reforma del Estado pero no este, no a la brava, no imponiendo, sino tratando de hacer una gran mesa nacional, donde todos los sectores, estuviéramos incluidos”, señaló.

La diputada Marulin Azofeifa aseguró que con este proyecto se le mete la mano al bolsillo de los costarricense, pero no se contempló el amararse la faja como primera opción al salir de la crisis fiscal, ya que este plan hace más pobre al más pobre, y eso hace que impide que ella vote a favor del plan fiscal, pues su voto será negativo.

Shirley Díaz comentó que votará negativamente el plan fiscal pues aseguró que cree en un modelo de Estado solidario, en un modelo de Estado respetuoso y garante de la dignidad de la persona humana, y cree en un proyecto de Estado basado en la justicia y en la repartición de la riqueza y la solidaridad.

“hace 40 años en este país se logró una reforma social y esa gran reforma trató de cumplir con la tarea que debe de cumplir un Estado, un Estado de derecho que pudiera garantizarle a la personas una mayor calidad de vida”, aseguró la diputada Díaz.

Ivonne Acuña, manifestó que aquellos que intentan aprobar este proyecto impulsado  por el Partido Acción Ciudadana lo hagan por una decisión meditada y sincera, honesta y sobre todo acorde con los fines de esta República, pues guarda la esperanza de que hoy se esté diciendo, sin politiquería sino pensando en el bienestar general.