Un total de 38 detenciones es el producto del operativo hasta este miércoles

El ministerio de Seguridad Pública detalló este miércoles los primeros resultados de la Operación denominada Crucitas-Lapa 1, con la cual busca frenar la extracción de oro y proteger la integridad del ambiente, amenazada por actividades sin control.

El viceministro de Seguridad, Luis Castillo, precisó que han sido detenidas 38 personas en total, la mayoría de ellas extranjeros indocumentados, se cerraron siete cuarterías que funcionaba ilegalmente y se ubicaron cinco túneles utilizados para la extracción ilegal del oro.

“Este miércoles se generó un mayor impacto con incursiones específicas para identificar dueños de fincas que contraten personas con estatus migratorio irregular, extrayendo o comercializando oro. También, se procedió a la destrucción de cuarterías que no cuentan con los permisos correspondientes”, señala un comunicado oficial.

“Asimismo -agrega- se intensificaron los controles en carretera con el fin de mitigar el accionar criminal, aunado al decomiso de armas de fuego, sustancias psicotrópicas y químicas, detección de personas con asuntos pendientes con la administración de justicia, entre otras acciones policiales.

Castillo aseguró que el operativo se mantendrá el tiempo que sea necesario para restablecer el control de Crucitas, territorio que ha estuvo en el centro de una larga batalla del movimiento ecologista por evitar el desarrollo de actividades extractivas altamente dañinas para el medio ambiente.

El conflicto se desata en 2004, luego de que el gobierno del expresidente Oscar Arias declara de interés nacional un contrato suscrito con la empresa canadiense Infinito Gold para explotar oro en la mina Crucitas.

Tras una larga batalla legal protagonizada por organizaciones ambientalistas, en 2010 un tribunal Contencioso Administrativo declaró inválidos los contratos y ordenó suspender las actividades de la empresa. Además, consideró contraria a la ley la declaratoria de interés nacional emitida por Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

El caso aún sigue agitando el ambiente político nacional ante la posibilidad de que se abra un proceso penal al expresidente por prevaricato, como ha solicitado la Fiscalía General.