La magistrada Doris Arias se acogió a la pensión a partir de hoy

La magistrada Doris Arias, sancionada con dos meses de suspensión por desestimar una acusación contra dos ahora exdiputados, se acogió este lunes a la pensión de manera inmediata, mediante una nota enviada a la Corte Plena.

Arias, integrante de la Sala III (Penal) había dicho que no aspiraría a una reelección cuando expira el plazo para el que había sido nombrada en noviembre próximo, pero a última hora decidió adelantar su salida acogiéndose a la pensión.

“No voy a aceptarle a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia que se diga que haya cometido alguna falta que lesione mi honor o la intachable reputación que he construido”, señaló en la nota en que anuncia su retiro.

Contra la sanción, Arias había pedido una medida cautelar a un tribunal contencioso administrativo, que le fue otorgada en condiciones muy cuestionadas por un juez interino, al que luego la Fiscalía le abrió una investigiación por un eventual delito de prevaricato. La misma medida le fue concedida a la magistrada María Elena Gómez. 

Hace dos semanas, el también integrante de la Sala III Carlos Chinchilla, quien ocupaba además el cargo de presidente del Poder Judicial, se retiró de la misma manera, acogiéndose de forma inmediata a la pensión.

Otro miembro del máximo tribunal penal, Celso Gamboa, fue destituido hace varios meses por el Congreso debido a su presunta relación con el empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo político-mediático conocido popularmente como “el cementazo”.

 

La falta

Los cuatro magistrados que aún permanecían en la Sala III fueron sancionados con una suspensión de dos meses, luego de que en una investigación interna se determinó que el año pasado cometieron una falta gravísima al desestimar una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Hugo Morales.

Ambos legisladores habían sido acusados de un eventual tráfico de influencias por sus relaciones precisamente con Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino sospechoso de defraudar a bancos estatales por cifras millonarias.

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalaba que ambos diputados mantuvieron con Bolaños una comunicación telefónica constante (alrededor de un millar de llamadas). Sin embargo, lo magistrados consideraron que las comunicaciones telefónicas no constituían prueba de ningún delito y desestimaron la demanda tras una recomendación de la Fiscalía en ese sentido.

Los coletazos del escándalo del cemento chino ya produjeron también la caída de Jorge Chavarría como Fiscal General, y una suspensión de dos meses contra la fiscal subrogante Berenice Smith (que ya había renunciado al cargo) pero continuaba trabajando para el Poder Judicial.

En la Sala III se mantienen hasta este lunes solo dos de los cinco magistrados: María Elena Gómez y Jesús Ramírez.

Los gremios del Poder Judicial han demandado mediante comunicados, marchas y otras actividades la renuncia de todos los miembros de esa sala, por considerar que no tienen la solvencia ética para ocupar un cargo de tan alta responsabilidad.