• Reforma con justicia tributaria y progresividad

Universidades advierten sobre peligros de postergar solución al tema fiscal

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) exhortó al gobierno y a la Asamblea Legislativa a propiciar acuerdos para arribar a una propuesta concertada. Citando estudios de académicos especialistas con resultados “determinantes y coincidentes sobre la urgencia de resolver estructuralmente el problema fiscal” advirtieron que "es una prioridad nacional que no se puede postergar" ya que estamos ante la que podría ser la peor amenaza para el país en el corto plazo: la crisis fiscal. 

Los Rectores de las cinco universidades públicas que integran el CONARE, reiteraron en la necesidad de que la propuesta de reforma fiscal esté sustentada en los principios del estado social de derecho costarricense y se garantice una solución justa, equilibrada, progresiva y sostenible.

"Es necesario hacer realidad en nuestro país la afirmación de que “el que más tiene pague más”.

Llamaron la atención sobre varias omisiones significativas y cláusulas reñidas con los principios de proporcionalidad y justicia tributaria, que encontraron en el último texto sustitutivo que circuló el gobierno del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente No. 20.580) el pasado 27 de julio.

Como ejemplo, apuntaron, no se propone ningún cambio positivo en el carácter del actual “sistema tributario que es regresivo, con diseños obsoletos, alta elusión y evasión, y con exenciones para muchos de los sectores más dinámicos de la economía” que deberían ser contribuyentes, lo que para los universitarios, a estas alturas de la discusión, es una contradicción insostenible.

Evasión mayor que el déficit. El Consejo Nacional de Rectores advirtió sobre la grave omisión de controles eficaces en “el indicador de evasión y elusión, que a nivel nacional ronda el 8% del PIB” lo que, aseguraron, representa “un porcentaje mayor al déficit fiscal” que se busca solventar. 

Sobre la complejidad que reviste el acuerdo fiscal, CONARE recomendó que se debe propiciar un clima nacional de negociación que involucre a todos los sectores económicos y sociales dado que el país se encuentra en un momento crucial de su historia, por lo que exhortaron al gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa a no postergar la discusión y abocarse en lo inmediato a la construcción de una propuesta concertada para evitar los graves perjuicios económicos y sociales que podría enfrentar el país.

“Estamos claros de que las tareas son complejas pero impostergables, por lo tanto, el CONARE como siempre lo ha hecho, se pone, con nuestros especialistas, a la disposición de los diferentes sectores sociales y de las autoridades de Gobierno para contribuir en la búsqueda de una solución justa, equilibrada y sostenible del problema fiscal y de la reactivación productiva y económica”, antes de que la falta de resolución le pase al país una costosa factura en el corto plazo, señalaron los Rectores de las Universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia UNED), Técnica Nacional (UTN) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

“La tendencia en el comportamiento de indicadores revela con claridad los límites a los que nos estamos acercando y se suman al clima de incertidumbre que esto genera en el ámbito nacional e internacional, sobre la política y dinámica económica del país".

"Nuestro sistema tributario actual es regresivo, con diseños obsoletos, alta elusión y evasión, y con exenciones para muchos de los sectores más dinámicos de la economía”, características que no se corrijen, por el contrario, se mantienen en el último texto sustitutivo que circuló el gobierno el 27 de julio, una lamentable contradicción con el caracter de una reforma fiscal equitativa y progresiva a la que debería aspirar nuestro país.

En el punto sobre el abordaje del problema, los rectores señalaron que “debe ser integral, considerando en su justa dimensión lo que correspondería aplicar como medidas desde el lado de los ingresos, así como lo que correspondería a los gastos”.

“Cualquier sesgo es inaceptable y por supuesto deberá ser abordado en el marco no sólo de una perspectiva contable, sino que, teniendo una visión país de futuro que prospectivamente evalúe el impacto que tendrán en la sociedad futura las decisiones actuales”, advirtieron.

Sobre la gradualidad aclaran que esta “debe ser un elemento a considerar y las medidas por implementar deben contar con una hoja de ruta precisa y concertada, cuyo ritmo genere la confianza de que el problema se resuelve en el plazo establecido, pero alejado de medidas súbitas que generen efectos adversos en la economía y en la población y contradicciones entre la política económica y la social”, aspectos con los que tienen que ser cuidadosos.

Desde la perspectiva de las propuestas tributarias, enfatizaron los Rectores, “lo fundamental es la justicia tributaria. Es necesario hacer realidad en nuestro país la afirmación de que “el que más tiene pague más”.

Esta afirmación, explicaron, “lleva implícitos dos principios básicos: el de equidad horizontal, que es claro al establecer que individuos con las mismas características deben de ser tratados de la misma forma, es decir que personas físicas o jurídicas con los mismos ingresos deberán de contribuir con la misma carga impositiva; y el principio de equidad vertical, que plantea que personas con características diferentes deben de ser tratados en forma diferente”.

El principio de justicia tributaria “no se visualiza en la gestión administrativa ni en la estructura de los tributos a nivel nacional en dos aspectos: cuando observamos que el indicador de evasión y elusión a nivel nacional ronda el 8% del PIB y, cuando evidenciamos cómo algunos que tienen que contribuir evaden la responsabilidad en un monto considerable y en un porcentaje mayor al déficit fiscal”.

“En ésta materia la Administración deberá establecer mecanismos efectivos de control y eficiencia que hasta el momento no ha mostrado. Esto resta credibilidad y se constituye en un obstáculo para nuevas propuestas tributarias” enfatizaron los Rectores.

Otro aspecto a destacar “lo constituye el hecho de contar con una estructura tributaria con un peso relativo mayor en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos, lo que de por sí la hace de carácter regresiva y no progresiva”, lamentaron.

El carácter regresivo del actual sistema tributario no cambia, se mantiene, “las propuestas de reforma tributaria presentadas hasta el momento siguen conservando la lógica anterior y limitan la posibilidad de que a través de los impuestos se pueda generar mayor equidad en la distribución del ingreso”.

“Entre las múltiples tareas que deben acometer el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para contar con las condiciones fiscales que le permitan al país alejarse del peligro social y económico que representa una crisis fiscal, es la imposición de una renta sin exclusión de ningún tipo, siendo ésta una de las medidas más justas y progresivas que se pueden implementar” aseguraron.

Basándose en los estudios realizados por académicos especialista en materia fiscal, sugieren que entre otras medidas, “además de la renta global se deben incluir estándares tributarios con las mejores prácticas de los países desarrollados en temas como subcapitalización empresarial, reglas anti paraísos fiscales, ganancias de capital y revalorización de activos y, por último, no dejar portillos que impidan la trazabilidad tributaria, ni que favorezcan las prácticas de evasión y elusión”.

“Ello es fundamental si se quiere una reforma justa y progresiva” enfatizó el CONARE.

Agregaron que, “excluir la renta global, o incluir versiones que no contemplen algunos tipos de renta, sería una contradicción con el principio de justicia que impone, que todos debemos colaborar para salvar al país de una crisis fiscal y que cada cual debe contribuir en la medida de sus ingresos y posibilidades”.

Estamos claros de que las tareas son complejas pero impostergables, por lo tanto, el CONARE, como siempre lo ha hecho, se pone, con nuestros especialistas a la disposición de los diferentes sectores sociales y de las autoridades de Gobierno para contribuir en la búsqueda de una solución justa, equilibrada y sostenible del problema fiscal y de la reactivación productiva y económica.

Clima nacional de negociación

En una declaración de junio pasado, el CONARE manifestó su posición sobre la crisis fiscal: “La situación fiscal del país, demanda la colaboración, el trabajo y el aporte solidario de todos los sectores de nuestra sociedad: académico, social, gremial, económico y político, que contribuyan a devolver la estabilidad económica a Costa Rica, cohesionados en una propuesta de reforma fiscal progresiva y racional, que no afecte a los sectores vulnerables de la población ni disminuya el bienestar social del país”.

“El Consejo Nacional de Rectores, respalda la aprobación de una reforma fiscal progresiva, que combata con severidad la elusión y la evasión tributaria, y permita generar un incremento en la captación de recursos frescos al Gobierno de la República”.

Más adelante agregaron que “Las actuales circunstancias invitan a una negociación social que conduzca a acciones conjuntas y concretas para lograr el sano equilibrio de las finanzas como requisito para mejorar todos los niveles de la educación nacional, alcanzar una mayor inclusión social, disminuir la desigualdad y aumentar la calidad de vida de la población, contribuyendo así al desarrollo integral, sostenible y equitativo de nuestro país”.