La noticia de que Navas fue víctima de un espionaje ilegal con fines aún desconocidos le dio la vuelta al mundo y puso en ridículo, una vez más, al sistema judicial de Costa Rica, al Ministerio Pública y a su cuerpo de policía.

Las reacciones han sido diversas aún dentro del mismo Poder Judicial. Mientras la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, pidió una investigación a fondo de los hechos, que consideró graves, el asunto fue manejado de manera ambigua  por el director del OIJ, Francisco Segura, quien afirmó que podría tratarse de “una chiquillada”.

Pero el caso genera preocupaciones en otros sectores. El propio Navas se consideró seriamente ofendido por el asunto y calificó el espionaje como “un atropello” y “un abuso” de parte de las autoridades.

La Asamblea Legislativa decidió integrar una comisión especial para indagar a fondo, mientras que la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP, definió la situación como “un golpe fuerte a la transparencia y credibilidad del Poder Judicial”.

El hecho hace que una “sensación de vulnerabilidad y de indefensión se acreciente entre la ciudadanía”, agregó un comunicado de la organización sindical.

Más allá de estas consideraciones, la revelación plantea una serie de interrogantes. Sobre el caso específico de Navas, queda la duda sobre cuál ha sido la intención de los policías y fiscales involucrados con este espionaje. ¿Fueron 28 casos aislados o existía una coordinación entre ellos con algún propósito ilícito?

Por otra parte, fuentes judiciales han revelado este jueves que otras personas que no tienen el renombre internacional de Navas, también han sido espiadas por agentes del  OIJ  y que estos hechos fueron conocidos por un tribunal, que los consideró “asuntos menores”.  ¿Será un asunto menor la privacidad de los ciudadanos?

La otra gran interrogante se refiere a la naturaleza del archivo que maneja el OIJ con información privada, según se ha dicho, de todos los costarricenses. ¿Es eso lícito? Se supone que la Policía Judicial es un órgano represivo, cuya función consiste en investigar hechos criminales y perseguir a sus autores para llevarlos ante la justicia.

¿Implica eso que el organismo deba tener una base de datos de todos nosotros?  Parece subyacer a este hecho la suposición, un tanto tenebrosa, de que todos los ciudadanos somos delincuentes potenciales y que en tal condición debemos ser vigilados de cerca.  ¿No es algo parecido lo que hemos criticado de la DIS? ¿No tiene esto un cierto tufo a regímenes dictactoriales?

¿Qué tipo de información contiene ese archivo? ¿Es cierto que solo se trata de información general? ¿Qué tanto hurga en nuestras vidas privadas? Esas son grandes preguntas que el Poder Judicial está obligado a responder, de manera inmediata. Los ciudadanos no tenemos por qué seguir pagando miles y miles de millones, presupuestos crecientes como el elaborado por el Poder Judicial para el año 2015 (14% más alto que el de 2014), para mantener una maquinaria de espionaje que actúe en nuestro propio perjuicio.

Queremos respuestas.