• Reclamo a autoridades para continuar investigación por el crímen

Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora

Por Nicolas Boeglin *. En el día de hoy se conmemora el tercer año de la muerte de Jairo Mora Sandoval, acaecida en Playa Moín, en la costa caribeña de Costa Rica. Un crimen ocurrido en la madrugada del 31 de mayo del 2013 contra este joven biólogo costarricense apasionado por las tortugas marinas, y que estremeció a Costa Rica y al mundo.

En menos de dos meses, se recolectaron más de 137.000 firmas en Costa Rica y en el mundo exigiendo justicia y esclarecer estos hechos (ver nota ).

Extrañamente, sin que se tuviera investigación preliminar previa, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva afirmó dos días después de ocurridos los hechos a la cadena de noticias CNN que Jairo Mora se había "expuesto"(ver nota del 3/06/2013), causando estupor y un profundo malestar. En esta nota de la BBC de noviembre del 2014, se lee que:"El que ocupaba su lugar cuando la petición fue hecha, el entonces ministro de Ambiente, René Castro, dijo tras el crimen que su institución no es responsable de proteger la playa Moín".

En la versión impresa de este reportaje del Semanario Universidad de junio del 2013, se aportan los siguientes datos sobre el número de nidos de tortugas registrados en las playas del Caribe costarricense. Datos que, al parecer, poco interesaron a las autoridades a cargo del ambiente en Costa Rica de la época, y que colocan a Playa Moín como la principal playa de anidación de tortugas marinas:

Playa Moin: 1425 nidos detectados – Reserva  Pacuare: 1206 – Estacion Las Tortugas: 708 – Torguguero: 248 – Pacuare: 515 – Parismina: 243 – Cahuita: 267 -Gandoca: 288.

Cabe recordar que al finalizar su visita a Costa Rica (y de manera muy preliminar –ver nota de prensa) el experto de Naciones Unidas John Knox, Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente había señalado durante una conferencia de prensa en San José que: “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos” (ver nota de La Nación del 2/08/2013).

El carácter perogrullesco de estas declaraciones puede en parte explicarse si consideramos que se inscriben en el marco de la profunda indignación suscitada en Costa Rica por el caso de Jairo Mora.

Como bien se recordará, el ecologista había hecho públicas las amenazas recibidas por su organización en relación a la labor que consistía en un censo de nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. Había incluso advertido que: “Si un policía dice que nos ayuda, está mintiendo” (ver nota de La Nación del 1ero de junio del 2013). Por alguna extraña coincidencia, el arresto de ocho sospechosos de su muerte se dio justo 24 horas antes de que concluyera la visita del experto independiente de Naciones Unidas a suelo costarricense (ver nota del 31 de julio del 2013 de La Nación).

En el texto del informe final de John Knox elaborado a raíz de su visita a Costa Rica (Documento A/HRC/25/53/Add.1, del 8/08/2014 disponible en la red), el experto precisaba que (punto 67): “/…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“.

Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades, solicitando la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el crimen de Jairo Mora: el patrón de impunidad que prevalece en Costa Rica con relación a acciones contra ecologistas evidencia que el Poder Judicial no parece contar con herramientas que permitan dimensionar los verdaderos objetivos que estas acciones conllevan, limitándose, cuando mucho, a tratar estos hechos como delincuencia común (ver nota de la FECON de enero del 2015 sobre listado de ecologistas asesinados en Costa Rica).

A la fecha, la propuesta de establecer una Comisión de la Verdad no se ha concretado.

Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente consciente de la peligrosa tentación de algunos sectores en Costa Rica que consiste en criminalizar la protesta social), “recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos“.

Es probable que el experto internacional haya tenido ecos lejanos de un inédito discurso presidencial oído en octubre del 2010 por parte de la Presidenta Laura Chinchilla ante la Cámara de Ganaderos de San Carlos: en este discurso, la Presidenta de Costa Rica llamó al auditorio a ayudarla a “levantar la voz contra algunos grupos radicales … que quieren convertir a Costa Rica en un museo de historia natural” (escuchar audio ).

La muerte en Honduras, el 6 de febrero de 1995, de la líder ecologista Blanca Jeanette Kawas Fernandez, dió lugar a una sentencia contra Honduras dictaminada en abril del 2009 (ver texto completo) en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó, entre otros, al Estado hondureño a bautizar con su nombre un nuevo Parque Nacional en Honduras. En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que:

11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia.

12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia.

13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia.

14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia.

Siempre en Honduras, el pasado 1º de abril del 2016, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) decidió suspender su apoyo financiero al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ante la indignación nacional e internacional causada por la muerte de uno de sus principales opositoras, la líder indígena hondureña Berta Cáceres, ejecutada por sicarios el pasado 3 de marzo del 2016 (ver nota sobre asesinato de Berta Cáceres y nota de prensa sobre decisión del BCIE).

En Costa Rica, la muerte de tres ecologistas ocurrida en el incendio de una casa en Moravia a finales de 1994 y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo apareció en un parque en La Uruca a inicios de 1995 (caso AECO) se mantiene archivada por las autoridades a cargo de su investigación.

(* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR)