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Medidas de contención del gasto no afectarán a empleados púbicos actuales

Las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para paliar el déficit fiscal no afectarán en ningún sentido a las personas que en este momento trabajan al servicio del Estado, en lo que se refiere a la conservación de sus empleos y de los derechos laborales adquiridos.

La propuesta consiste en una serie de acciones administrativas, decretos, directrices y proyectos de ley que limitarán el crecimiento descontrolado de los pluses salariales de las personas que en los próximos años ingresen a la función pública.

El gobierno estima que en los próximos 4 años, alrededor del 27% de los actuales trabajadores públicos alcanzarán la edad de jubilación y serán los lleguen a reemplazarlos quienes deberán atenerse a nuevas reglas en materia de remuneraciones. Las medidas generarán una reducción de entre el 1,6 y el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Actualmente, el déficit fiscal ronda el 6,2% del PIB, una situación que los expertos en general consideran insostenible, pues puede llegar a provocar desequilibrios económicos que afectarían a toda la población.

Las medidas anunciadas son las siguientes:

1.  Crecimiento cero. Con excepción del pago de la deuda pública, las pensiones y los gastos de capital, el presupuesto de 2019 se mantendrá en el mismo monto que el de 2018.

Para alcanzar este objetivo, el gobierno se someterá a una serie de restricciones, tales como reducciones de un 30% en viáticos y transporte, un 30% en publicidad y propaganda, 50% en actividades protocolarias, así como la renegociación de alquileres, congelamiento de salarios a los jerarcas y de plazas en todo el Gobierno, y reducción de las horas extras.

2.  Nueva escala. También, se establece una nueva escala para disminuir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para todos los nuevos funcionarios con grado profesional. Para los profesionales con grado de bachiller se reduce del 20% al 10% y para los licenciados de 55% a 25% sobre el salario base.

3.  Pago de prohibición.  Por requerirse aprobación legislativa para esta reforma, la administración entregará a los diputados un proyecto de modificación a la ley  para que se reduzca del 65% al 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.

Para las entidades bajo autoridad presupuestaria, pero fuera del régimen del servicio civil, se instaurará un nuevo esquema salarial para los nuevos empleados que permita detener el crecimiento exponencial de las remuneraciones.

4.  Anualidades fijas.  Las anualidades de los funcionarios bajo el régimen de servicio civil se pagarán como un monto nominal fijo y no como un porcentaje que crece con los aumentos salariales, lo cual permitirá una reducción considerable de las erogaciones.

5. Congelamiento de puntos en carrera profesional. A partir de ahora se congelará los puntos de carrera profesional que se paga a los funcionarios públicos. A los nuevos funcionarios no se les reconocerá los puntos de carrera profesional por bachillerato o licenciatura cuando el grado sea un requisito del cargo.

6.  Alquileres. Las instituciones no podrán contratar nuevos alquileres de oficinas y los contratos actuales que se venzan no podrán ser renegociados con incrementos, a excepción del porcentaje proyectado de inflación.

7.  Congelamiento de salarios a jerarcas. Quedan congelados los salarios de los altos jerarcas del gobierno, incluyendo al presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los presidentes, gerente y subgerentes de instituciones autónomas.

8. Convenciones colectivas. Todas las instituciones que cuenten con convenciones colectivas, deberán renegociarlas una vez se llegue a su vencimiento. Los jerarcas tendrán la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes. Además, deberán denunciar aquellas cláusulas abusivas y que atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas. Toda negociación deberá procurar la racionalización de recursos públicos, y tender a la baja en el costo que significa el funcionamiento de la convención colectiva.