Dicha directriz afecta a las entidades del gobierno central así como a las instituciones descentralizadas, señaló un comunicado distribuido este miércoles por el gobierno.

Además, “en las instituciones donde exista una convención colectiva que imponga a la administración el deber de pagar este tipo de actividades, se instruye a los jerarcas para que denuncien la respectiva cláusula y para que empleen los medios jurisdiccionales disponibles para su anulación”, señaló le comunicado.

“Este es un Gobierno que está comprometido con los principios de austeridad en el uso de los recursos públicos, dispuesto a combatir los despilfarros y a garantizar el buen uso de los dineros de las y los costarricenses”, expresó el presidente Solís.

El mandatario dijo que esto es especialmente válido en una situación fiscal como la que atraviesa el país, en la que se hace necesario controlar los gastos públicos que no sean necesarios.

El gobierno del presidente Solís inició el año pasado un proceso de revisión de las convenciones colectivas en el sector público para racionalizar sus cláusulas, particularmente aquellas cuya vigencia ha ido venciendo en el transcurso de la actual administración.

El tema de las fiestas para empleados financiadas con fondos públicos generó una polémica en los últimos días, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazara una solicitud de aumento de los combustibles presentada por Recope, la cual incluye entre los costos de producción el financiamiento de una fiesta navideña para sus empleados.