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Defensores de derechos humanos en alto riesgo por violación de privacidad digital

 

La intervención telefónica en contra de defensores y defensoras de derechos humanos se está dando en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y en todos estos países hay al menos una organización de derechos humanos que ha sufrido allanamiento de sus oficinas, ya sea legal o ilegal.

En estos allanamientos han sido tomados los dispositivos electrónicos de estas personas -computadoras, llaves USB o celulares-, con información muy sensible, no sólo de la organización sino también de la población con la que ésta trabaja.

Así lo explicó hoy Luciana Peri, coordinadora de una investigación sobre el tema realizada por la Fundación Acceso, con sede en Costa Rica.

Titulada: “¿Privacidad digital para defensoras y defensores de derechos humanos?, un estudio sobre cómo los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser utilizados para la protección, criminalización y/o vigilancia digital de defensoras y defensores de derechos humanos”, incluyó una revisión de las normas legales de cada país, entrevistas y grupos focales.

En la presentación de ésta, realizada hoy en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Peri explicó que “por los testimonios que los compañeros y compañeras compartieron con nosotras podemos afirmar que según lo que ellos nos cuentan, en absolutamente todos los países se da la intervención telefónica en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”.

“En cada uno de los países, los participantes identificaron a aquellos actores que creen que están más involucrados con la violación de su privacidad digital o con la vigilancia estatal. Por ejemplo, en El Salvador se identificó que uno de los actores relacionados con la vigilancia estatal era la Presidencia de la República, a través del Organismo de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. En el caso de Guatemala vimos que es el Estado en toda su expresión, particularmente a través del ejército. En el caso de Honduras, la Dirección de Inteligencia y el Departamento de Investigación de la Policía. Y en el caso de Nicaragua, las y los participantes fueron más específicos y llegaron a identificar que parte de esta vigilancia es realizada por la Juventud Sandinista o por personas cercanas al partido político”, relató Peri.

La investigación, que fue motivada por los contextos de los países de la región, sobre todo los del “Triángulo Norte”, señaló que aunque existen marcos legales para proteger la privacidad en estos países centroamericanos, hay fragilidad institucional y normativas ambiguas.

En la mayoría de los países estudiados se pueden interceptar las comunicaciones cuando se trate de sospechas por terrorismo, crimen organizado, tráfico ilegal, narcotráfico y lavado.

Pero los Estados no son transparentes sobre el uso y alcance de las leyes de Vigilancia de las Comunicaciones, reglamentos u otras normas, ni dan a conocer información estadística sobre las investigaciones que realizan.

El equipo de Fundación Acceso incluyó una coordinadora, una asesora en aspectos jurídicos a nivel internacional, e investigadores nacionales en cada país.

Marlon Herńandez Anzora, investigador de El Salvador, indicó que “hay una gran fragilidad institucional y una coyuntura política-social que permite que muchas de estas legislaciones puedan ser irrespetadas, burladas o desconocidas por quienes detentan el poder” y que “la discusión sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es aún incipiente y existe poco control ciudadano”.

En el caso de El Salvador, las personas participantes compartieron sus experiencias relacionadas con intervenciones telefónicas hacia opositores políticos y defensores de derechos humanos desde tiempos del conflicto armado. También manifestaron su preocupación por el aumento de la intervención de las comunicaciones debido a la lógica de “mano dura” en la gestión de políticas de seguridad pública, en que la invasión de la privacidad es vista como necesaria o normal por funcionarios públicos e, inclusive, por la misma ciudadanía.

En Honduras, el investigador Edy Tábora Gonzales mencionó que las normas restrictivas son muy ambiguas y abiertas, y permiten solicitudes de vigilancia en internet y en las telecomunicaciones por cualquier delito, sin necesidad de presentar una prueba para la intervención.

Según las experiencias en Honduras, la situación de vigilancia en internet y en las comunicaciones aumentó luego del golpe de Estado de 2009, sobre todo la vigilancia selectiva hacia opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos.

En Guatemala, nueve de 10 personas dijeron que sus teléfonos habían sido intervenidos y/o utilizados como micrófonos, según la indagación.

Peri expresó que “en el caso de que nuestra privacidad y nuestra privacidad digital haya sido violentada, existen distintos mecanismos de acceso a la justicia en todos los países”.

“Podemos defender nuestro derecho a la privacidad digital a través del recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad; y en el caso de Honduras y Nicaragua podemos recurrir al recurso de hábeas data, que es la posibilidad que tenemos como ciudadanos de modificar, editar, actualizar y hasta pedir que se eliminen nuestros datos personales, de los registros públicos y privados”, añadió.

Fundación Acceso indicó que en el futuro se espera ampliar la iniciativa a Costa Rica y Panamá, donde también resultaría estratégica.

 (Enlace a: http://acceso.or.cr/files/investigacion-resumen-ejecutivo.pdf) (Docu completo: http://acceso.or.cr/files/Investigacion-Privacidad-Digital-FA.pdf).

(* fabiola@vocesnuestras.org), (Nota original: http://bit.ly/1lcI0ln