Los jueces de este último tribunal consideraron que  en todo momento Gamboa actuó apegada a la ley y en uso de las atribuciones y responsabilidades que le correspondían por su condición de jueza, al tiempo que estimó que el proceso en su contra constituye una amenaza a la independencia judicial.

Informa-tico.com conversó con la ex jueza sobre su experiencia, los casi once meses que vivió en prisión y sus impresiones acerca del sistema judicial del país.

 

I: Después de la sentencia absolutoria, ¿cuáles son sus impresiones sobre lo que ha vivido en estos dos años y resto?

Ha sido una experiencia muy dura para mí, pero también para mi familia y mis amigos más cercanos, para la gente que me conoce y que siempre estuvo segura de mi inocencia, que nunca dudó de mi integridad.

Estuve en prisión durante casi cinco meses en el 2014 y cinco meses y medio este año. Debido a mi condición de ex jueza y en resguardo de mi seguridad personal, pasé todo ese tiempo en una celda de unos diez metros cuadrados, en condiciones que no le deseo a ningún ser humano.

Es una celda aislada, sin vista a nada que no sea cemento. Para saber si afuera llovía o hacía sol tenía que preguntarlo a alguna agente de seguridad. El techo no tiene cielorraso sino una malla electro soldada por la que pasan  ratones e insectos y de la que constantemente está cayendo basura.

Durante muchos meses, la dirección del centro me negó la posibilidad de tener un televisor en la celda, como lo tienen las demás internas, para mejor soportar mis horas de aislamiento. Fue en las últimas semanas, tras realizar intensas gestiones con las autoridades superiores del sistema penitenciario, que se me permitió el ingreso de una pantalla. Al menos pude ver las Olimpiadas.

Además sufrí un grave daño patrimonial. Perdí la única propiedad que yo tenía, que era mi casa de habitación en barrio Corales 3 de Limón, una casa sencilla en un barrio del INVU que estaba hipotecada porque no había terminado de pagar. Tuve que entregarla porque, tras ser detenida, la Corte me suspendió el pago del salario.

He tenido que endeudarme para poder cubrir los costos legales del proceso, en condiciones muy difíciles para mí, porque –contrariamente a las mentiras del Ministerio Público y algunos elementos del OIJ- yo dependía únicamente de mi salario en el Poder Judicial y el que percibía como profesora universitaria.

Pero la lesión más grave ha sido a mi honor como persona, como profesional, como docente. Y el daño que le han hecho a mi familia, en especial a mi madre que es una mujer de casi 90 años y a mi hermana menor que es una persona discapacitada.

Durante más de dos años, hemos soportado que el Ministerio Público y algunos medios de prensa se dedicaran a destruir mi imagen a base de mentiras, presentándome ante la opinión pública como una colaboradora del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica.

 

I: ¿Se sintió sola durante ese periodo?

R.G.: En realidad no. Soporté todo eso con el gran apoyo de mi familia y de las amigas y amigos que nunca me abandonaron, que constantemente alimentaron mi esperanza de que esto  terminaría bien.

Muchísimas personas del Poder Judicial, no solo de la Judicatura sino también del Ministerio Público, de la Defensa y del sector administrativo, así como alumnos y exalumnos, me hacían llegar su voto de apoyo y su fe inquebrantable en mi honorabilidad.

Varios abogados penalistas a quienes no conocía personalmente,  llegaron a visitarme y a expresarme su convencimiento de que yo no había cometido ningún delito manifestándome que llegaron a esa conclusión precisamente después de leer la sentencia condenatoria. Algunos de ellos me ofrecieron su apoyo profesional en forma gratuita.

Pero, por sobre todo, me sostuvo mi inquebrantable fe en Dios, mi esperanza en que él haría justicia y haría brillar la verdad.

 

I: Desde su punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue usted acusada y perseguida tan duramente?

R:G: Al principio, para mí fue totalmente desconcertante. No sabía qué estaba pasando, no entendía nada. Sin embargo, poco a poco empezó a llegarme información y fui comprendiendo que había sido víctima de un complot que se gestó en los mismos tribunales en que yo  trabajaba en el Poder Judicial.

Yo tenía la coordinación del tribunal de juicio de Limón desde el 2009 y en el 2013 había que elegir nuevamente al coordinador o coordinadora. Yo sabía que había al menos una persona interesada en mi puesto, pero había un grupo mayoritario de compañeros y compañeras que quería que yo continuara a en el cargo y por eso me postulé y fui reelecta.

Durante ese año, el 2013, según se desprende del expediente judicial,  se inicia la investigación. Intervienen mis teléfonos, me hacen seguimientos, vigilan mi casa, mis entradas y salidas. Eso dura un año y dos meses, sin que yo me percate de nada extraño. Quien nada debe nada teme.

Si yo hubiera sabido que el ansia de poder de esa persona y de quienes le apoyaban era tan desesperada me hubiera hecho a un lado. De todas maneras mi jubilación estaba cerca, incluso aprobada, pero yo me sentía con fuerzas para seguir prestando mis servicios al Poder Judicial por un poco más de tiempo.

Lo más grave de esto es que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial se sumaron a la farsa y la llevaron hasta sus últimas consecuencias, porque después de un año y dos meses de investigación lo único que tenían en claro es que la premisa de la que habían partido era falsa.

No obstante, me acusaron ante la opinión pública de ser la cabecilla de una banda dentro del Poder Judicial que vendía absolutorias y libertades a sospechosos de narcotráfico y crimen organizado, dijeron que recibía millones y millones en sobornos, que tenía propiedades en todo el país, hasta llegaron a afirmar que tenía un yate anclado en Puntarenas y otro en Limón.

Sin embargo, en el momento que se produce mi detención y se le da a la opinión pública esta versión, ya el OIJ y la Fiscalía de Crimen Organizado, encabezada por su entonces jefe Walter Espinoza -actual director del OIJ-,  habían determinado que no había ninguna organización, que no había venta de libertades ni sentencias absolutorias, ni enriquecimiento ilícito y así lo declararon luego en el debate los mismos agentes judiciales ofrecidos por la Fiscalía como testigos. De hecho, tales cosas ni siquiera las planteó el Ministerio Público en la acusación formal.

A raíz de estas falsas acusaciones, una comisión nombrada por la Corte Plena investigó a fondo y su informe es contundente en el sentido de que no existía esta ni ninguna otra estructura vinculada a la delincuencia organizada dentro del Poder Judicial.

Existe un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ que demostró, sin la menor duda, que nunca recibí más dinero que mi salario de jueza y profesora universitaria y que no hay ningún crecimiento de mi patrimonio, y esto después de una exhaustiva investigación.

La Policía Judicial volvió mi casa al revés, hurgó en mis cuentas bancarias, en el registro de mis propiedades, investigó en el extranjero, indagó a mis familiares y concluyó que no había absolutamente nada que sugiriera que lo dicho a la opinión pública tuviera algún fundamento.

El Ministerio Público fue el que solicitó este informe y, una vez realizado, lo recibió, y a pesar de ser una prueba determinante en el proceso la ocultó y nunca la notificó. La descubrimos gracias a que mi defensor examinó muy a fondo el expediente judicial.

 

I: Entonces, doña Rosa, ¿por qué cree usted que el Ministerio Público actuó de esa manera?

R.G: El Ministerio Público es una institución de vital importancia para la sociedad y la democracia, es un pilar del Estado de derecho del que los costarricenses nos preciamos tener. Lamentablemente, el Ministerio Público perdió el norte.

A principios de este año, los Fiscales realizaron una encerrona para definir los objetivos de este periodo.  Y el objetivo número uno, según un comunicado que distribuyeron a la prensa y que después desapareció de la página web, era “aumentar el número de condenas”.

Esa declaración de objetivos refleja la política que impera actualmente en el Ministerio Público, según la cual lo importante no es encontrar al culpable, sino encontrar “un culpable” para poder exhibir unas estadísticas.

Tan es así que los fiscales están  obligados a cubrir una cuota de acusaciones, haya o no pruebas para  acusar.

Esto es nefasto. Luego se produce gran cantidad de absolutorias que se dictan en debate y el Ministerio Público sale a la prensa a decir que los jueces de Costa Rica son malos o corruptos, porque no condenan según su capricho.

Incluso, debo decir que el señor Jorge Chavarría (Fiscal General), abusando de  la libertad de que goza para usar la prensa como tribuna, lanza acusaciones gravísimas a los jueces y a los magistrados de la Sala III, diciendo cosas como que “estamos metidos en una corrupción insoportable”. Eso dijo al diario Extra hace unos días.

Estos exabruptos del Fiscal no solo generan desprestigio y desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial, sino que incentivan reacciones peligrosas, a tal grado de que usuarios de las redes sociales han llegado a afirmar que hay que aniquilar físicamente a los jueces para sanear el sistema judicial del país. Sería muy peligroso tomar esas manifestaciones a la ligera.

 

I: Pero usted fue condenada por un tribunal de juicio, a pesar de que –como ha dicho ahora el tribunal de apelación- los hechos de los que fue acusada no eran delitos.

R.G.: Desde luego, hay tribunales de tribunales.  Esa condena, dictada en mi contra y por la que pasé injustamente en la cárcel más de cinco meses, es un desastre judicial, como lo califican los expertos penalistas que la conocieron y han opinado al respecto.

Ese juicio fue una charanga. Los jueces del Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José fijaron dos meses de debate, pero al final solo sesionaron en total cuarenta horas, durante las cuales pasaron chateando por medio de tablets y teléfonos, comiendo “snacks” y bebiendo café y Cocacola, haciendo chistes entre ellos. Y esto lo puede comprobar quien quiera con solo observar los videos de ese circo que llamaron juicio.

Por supuesto, al final lo que producen es un adefesio de sentencia que ningún tribunal de apelación serio, competente y honesto podía ratificar.

Pero además, hay una situación real que ha sido denunciada incluso por la Asociación de Jueces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: las persecuciones arbitrarias y denigrantes que se han desatado en el Poder Judicial contra jueces que no resuelven conforme solicita el Ministerio Público. Esto va desde las causas disciplinarias hasta procesos penales, como ocurrió en mi caso.

Esto es una situación realmente peligrosa y preocupante. Y yo me pregunto: ¿en qué parte del Poder Judicial campea la corrupción? ¿En la judicatura o en  un Ministerio Público que irrespeta su deber legal de objetividad e imparcialidad?

Es tal la falta de seriedad del Ministerio Público que me acusa y persigue por una resolución en la que solo actué en apego a lo que establece la ley y con las facultades que mi investidura de jueza me otorgaban. Luego me acusa de un delito de tentativa de tráfico de influencias que, desde el primer momento, por las mismas circunstancias que ellos narran, sabían que no existía, que era un delito imposible.  Y, en tercer lugar, me acusan de presionar a una jueza por pedirle, en mi condición de coordinadora del tribunal, que resolviera con apego a la ley.

I: Ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿cuál es su criterio sobre la situación del Poder Judicial?

R.G.: Ya he dicho ampliamente lo que me preocupa. Ahora debo decir, con muchos y muchas colegas tanto litigantes como funcionarias y funcionarios judiciales: creo que aún existen jueces honestos e independientes.