Ministra de Planificación, Pilar Garrido.

Como parte de este proceso, la Asamblea Legislativa aprobó a mediados de febrero una ley que elimina seis instituciones que no cumplían ninguna función y que no tenían presupuesto, en tanto suprimió la junta que administraba los Centros Cívicos y puso estos organismos bajo la competencia del Ministerio de Justicia.

“Vamos a presentar varios proyectos de ley sobre reforma administrativa, el primero de ellos a finales de marzo. Adicionalmente, estamos revisando los cerca de 76 órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Central y analizamos cuáles deben conservar su desconcentración máxima y cuáles podrían perder su personalidad jurídica instrumental, para pasar a tener mínima o ser parte de los ministerios rectores”, explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

La funcionaria dijo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Costa Rica pretende adherirse como miembro con derechos plenos, ha señalado que el sector público del país está muy fragmentado, lo cual es coincidente con los análisis efectuados por Mideplan.

“Comenzamos a analizar cuáles instituciones públicas tienen que ser reformadas en su diseño institucional (transformaciones o fusiones por vía legal) y cuáles tienen que ser reformadas en su gestión pública (mejorar sus procesos, mecanismos de dirección, coordinación y rendición de cuentas o instrumentos de planificación estratégica, seguimiento y evaluación) para prestar mejores servicios”, detalló Garrido.

La ley recientemente aprobada por el Congreso derogó las leyes de creación de la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya y la Casa Hogar de la Tía Tere. Además, los artículos de la Ley 7623 que daban vida a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. Se incluyó un transitorio que establece que el patrimonio de la Casa Hogar de la Tía Tere pasará a ser parte del Patronato Nacional de la Infancia.

“Estas instituciones existían como un artificio jurídico.  Mideplan analizó su estatus, el índice de gestión institucional y sus compromisos asociados con los planes nacionales de desarrollo. Al hallar que no cumplían ninguna función sustantiva, concluimos que lo correspondiente era eliminarlas jurídicamente, ya que sustantivamente habían dejado de existir”, concl