Los diputados reaccionaron ante los resultados de una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló pérdidas en el Infocoop que rondan los 20 mil millones de colones, en los últimos cinco años.

Para el diputado Camacho, no se puede dejar pasar el llamado de atención de la Contraloría sobre la crisis interna que existe en la entidad financiera del movimiento cooperativo costarricense. Por lo que en la carta al presidente Solís se le solicita que la intervención tenga “el doble objetivo de ordenar la gestión financiera y administrativa y, generar las condiciones óptimas para combatir la impunidad que reveló el reciente estudio de la Contraloría”.

Otra irregularidad sobre la que llamó la atención el ente contralor es la permanencia durante tres años y en forma interina de Ronald Fonseca Vargas, en el puesto de director Ejecutivo del Infocoop, aún cuando su gestión ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones, señaló el diputado José Francisco Camacho (Frente Amplio), uno de los firmante de la misiva que se envió al presidente Solís.

Durante estos tres años, el Gobierno no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo político con los representantes cooperativos para designar al director titular, señaló Camacho.

El informe de la Contraloría también indicó que han existido graves deficiencias en el otorgamiento de créditos por parte del Infocoop, vacíos en los procesos para conceder y supervisar el financiamiento a las cooperativas y errores matemáticos en la fórmula que se emplea para calcular la tasa de equilibrio mediante la que valora si un crédito es rentable o debe ser subsidiado, situación habría ocasionado las millonarias pérdidas, señala la misiva.

Los diputados recordaron como antecedente que, en abril del 2016, un grupo de funcionarios denuncio en un comunicado anónimo la existencia de “corrupción sistemática” y señalaba anomalías que incluían un débil control en las participaciones asociativas del Infocoop, contratación administrativa amañada y pérdidas financieras, entre otras.

“Dada esta disyuntiva y en el marco de los grandes riesgos que atraviesa la organización, es evidente que dentro de tal contexto el Gobierno debería hacer valer su autoridad y normalizar dicha situación a la luz de la preservación del bien público y de la salud administrativa del instituto”,  requirieron los legisladores en la carta a Solís.
Añadieron que la intervención “debería tener el doble objetivo de ordenar la gestión financiera y administrativa y, generar las condiciones óptimas para combatir la impunidad que reveló el reciente estudio de la Contraloría”.