La legisladora indicó que los procesos de modernización del transporte público deben ser prioridad para el Estado. Por ello, se debe solicitar a los empresarios el compromiso formal de cumplirlos.

“Hay un grupo de concesionarios que han demostrado resistencia en facilitar los procesos de modernización, aún y cuando los contratos firmados los obligan a lo contrario. Ante tal panorama, previo a cualquier refrendo, el MOPT debe demostrar que cuenta con la capacidad técnica y jurídica para hacer cumplir los contratos en favor del interés público”, indicó la legisladora.

Guerrero Campos además considera que previo a los refrendos, se debe verificar si fusiones o compras de rutas en los años recientes, han incumplido la ley 3503. Dicha norma prohíbe la concentración de concesiones.

“El Estado no debe incurrir en una ilegalidad, refrendando contratos de concesiones que incumplen la ley. Por eso, urge comprobar si existe en el país una acumulación de líneas de autobús en pocas manos”, puntualizó la diputada.