El convenio fue suscrito en la Casa Presidencial, entre el ministro de Desarrollo Social, Carlos Alvarado, y el investigador de la Universidad de Oxford, John Hammock, desarrollador del modelo, denominado “Indice Mutidimensional de Pobreza (IMP)”.

Alvarado explicó que, actualmente, el país utiliza un único indicador para determinar la pobreza, que es el nivel de ingreso de las familias.

El IMP incluye otras variables como: acceso a vivienda, educación, salud, agua potable, electricidad y otros servicios, que en realidad, “son derechos humanos”, apuntó.

La información para elaborar este índice es la misma que actualmente produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero que no se utiliza en la medición de la pobreza.

Hacer lo mismo conduce a los mismos resultados

La vicepresidenta y coordinadora del sector social, Ana Helena Chacón, dijo en el acto de suscripción del convenio que tenemos en el país a 88.000 familias que no pueden hacer tres comidas diarias.

Esto, afirmó, “es un asunto de derechos humanos que se están violando”, no ahora, sino “hace 30 años”, pues desde entonces se ha mantenido invariable el índice de pobreza del país, alrededor del 20 y 22%.

“Cuando constatamos que unos salen otros entran en la pobreza sin que disminuya el porcentaje, debemos llegar a la conclusión de que algo estamos haciendo mal”, afirmó Chacón.

Según la vicepresidenta, tener un instrumento diferente para medir la pobreza permitirá darle mayor eficiencia a los programas que la actual administración impulsará para reducir el número de pobres del país, alrededor de 1.100.000 personas.

El modelo, según los funcionarios, ha sido usado exitosamente en países como México, Uruguay, Chile, Brasil, Vietnam y Sudáfrica, donde se han logrado grandes éxitos en la reducción de la pobreza.

Sólo el 52%

El ministro Alvarado anunció que la estrategia del nuevo gobierno frente al problema social iniciará “con todo vigor” a partir del 2015, cuando se cuente con un “presupuesto” propio.

El presupuesto actual del IMAS, heredado de la administración Chinchilla, no está alcanzado para atender más que al 52% de las familias en extrema pobreza. “Lo que quiere decir que las necesidades del 48% restante no están siendo atendidas”, aseveró.

Alvarado dijo que el equipo social del gobierno está trabajando en el afinamiento de una estrategia para combatir la pobreza, que será dada a conocer próximamente.

Esa estrategia no se basa, afirmó en medidas asistencialistas, porque éstas no resuelven el problema de fondo de la pobreza que es la generación de capacidad de la gente para superar su situación.

Según explicaron Alvarado y Chacón, el gobierno buscará que en el futuro las ayudas vayan acompañadas de mecanismos de movilidad social, como la garantía de que los niños y jóvenes asisten a la escuela.