• Proyecto de Ley para recuperar la riqueza atunera

Inicia juicio contencioso en defensa del atún

Este miércoles iniciará en el Tribunal Contencioso Administrativo un juicio contra el Estado costarricense, a raíz de una demanda interpuesta por el diputado José María Villalta (Frente Amplio), por alegadas actuaciones negligentes y omisiones ilegales de los gobiernos en la regulación y protección del atún y otros recursos marinos costarricenses.  

Pesca de atún en el Océano Pacífico. (Foto: Internet con fines ilustrativo)

“Es obligación del Estado proteger la soberanía de nuestros mares y velar por la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las y los habitantes del país. La falta de normativa eficiente y la incompetencia de los gobiernos ha tenido como resultado el regalo de la riqueza atunera del país a embarcaciones extranjeras”, puntualizó el diputado Villalta.

Un estudio de la Federación Costarricense de Pesca (FECOP) con base en datos oficiales de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), entre 2008 y 2011, demostró que el gobierno costarricense percibió por el pago de cánones de licencias de atún un ingreso promedio de $37 USD por tonelada de atún extraído. Mientras, en el mercado internacional cada tonelada de atún que se procesa como producto enlatado tiene un precio de $2.800. Si esa tonelada es vendida como producto fresco puede valer entre $6.000 USD y $10.000 USD.

“Confío en que lograremos un resultado favorable en el juicio y que en la Asamblea Legislativa aprobemos la Ley para Recuperar la Riqueza Atunera (18.862) que presenté en el año 2013 para actualizar los cánones por licencias y cerrar los portillos para el robo del recurso, a fin de que pueda ser aprovechado por la flota pesquera nacional, generando fuentes de trabajo en la provincia de Puntarenas”, agregó.

A estos problemas se suma la ausencia de estudios técnicos de parte del Poder Ejecutivo e INCOPESCA para dirigir la regulación del recurso pesquero así como portillos que permiten otorgar licencias de pesca a particulares.

Las pretensiones del diputado demandante incluyen declarar nulas las normas ilegales o desactualizadas en la materia, ordenar a INCOPESCA que cumpla con el artículo 49 de la Ley de Pesca para la fijación de cánones, obligar a las instituciones del sector a realizar estudios técnicos periódicos e iniciar los procesos sancionatorios que correspondan.

Adicionalmente se busca exigir a INCOPESCA y al Poder Ejecutivo que atiendan los criterios técnicos de la CIAT sobre la utilización del metro cúbico como medida de volumen y que reconozca el valor real de los recursos marino pesqueros explotados que forman parte del Patrimonio Nacional, así como permitir que el cobro del canon sea proporcional a la masa real de producto que efectivamente puede ser extraído por cada barco atunero.

También se solicita ordenar al Estado ajustar la normativa y procedimientos para la explotación de la cuota de acarreo de atún en aguas internacionales reconocida que la CIAT le reconoce a Costa Rica con el fin de que se tramite en apego a la legalidad y normativa internacional. Esto a raíz de la problemática de embarcaciones extranjeras que extraen el recurso pesquero sin cumplir con la Ley de Pesca y Acuicultura.