Defensoría en franca oposición a que Sutel libere tarifas de telefonía e internet móvil

La Defensoría de los Habitantes se opuso a que las tarifas del servicio de telefonía e internet móvil queden sin ninguna regulación, luego de efectuar un estudio técnico a la propuesta de Sutel, el cual evidenció que en el país aún no hay una competencia efectiva en ese mercado.

Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes.

El análisis de la información, en criterio de la Defensoría, demuestra que las condiciones del mercado de telefonía móvil no han cambiado sustancialmente con respecto a la situación prevaleciente en agosto de 2016, descrita en un informe de la misma SUTEL.

“En otras palabras, con la información disponible a la fecha, el mercado del servicio minorista de telefonía móvil no puede ser declarado en competencia efectiva y continúa presentando indicios de dominancia conjunta. Por tanto, si el Consejo de SUTEL llegase a ordenar la desregulación tarifaria del mercado del servicio minorista de telecomunicaciones móviles, estaría emitiendo un acto administrativo seriamente viciado en su motivo” y, por tanto, se estaría en presencia de una nulidad absoluta”, señaló la Defensora de los Habitantes Montserrat Solano Carboni.

Solano agregó que en la actualidad el acceso al Internet “no es un lujo, sino una necesidad” porque entre otras cosas permite estudiar a niños y niñas, y a los ciudadanos ejercer derechos frente a las instituciones del Estado.

“Desde el año 2014 la Defensoría ha realizado diversas acciones en aras de esa protección, desde la interposición de acciones a nivel constitucional hasta participaciones en audiencias ante Sala IV, e innumerables gestiones ante la propia SUTEL para la defensa, precisamente, de ese derecho”, manifestó la Defensora.

La Defensoría señaló que en la actualidad hay cinco operadores minoristas de telecomunicaciones móviles, que en conjunto acaparan el 99% del mercado.

Dicho ente considera que la estructura actual es un oligopolio y que se requiere de regulación para evitar posibles prácticas monopolísticas en detrimento de los derechos e intereses de las personas usuarias.