Presidenta de AyA asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular

La presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, aseguró que el proyecto de Ley 17732 que este miércoles podría ser aprobado por el Congreso, mantiene la esencia del Proyecto para el manejo integral del recurso hídrico que ingresó por iniciativa popular. En un comunicado desgranó los principales puntos que objetan los defensores del agua para demostrar que quedan incluidos en la nueva ley.  

La jerarca del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, (AyA) Yamileth Astorga reiteró en la importancia de que el país cuente con una regulación protectora y moderna sobre el uso del agua, que garantice el acceso universal al agua potable y que priorice sectores de consumo en favor de la población.

A continuación el documento que emitió Astorga.

“El proyecto de ley aprobado en primer debate el día jueves 2 de noviembre permite al país dar un salto importante en materia de la gestión integrada del recurso hídrico. Se han dicho muchas cosas con temores de que este proyecto de ley va a privatizar el recurso hídrico, lo cual no es cierto, queda claro en el artículo 4 que las aguas y sus fuerzas asociadas así como los cauces o vasos que contienen las aguas, son de dominio público, esto no cambia en nada la regulación vigente.

Aunque el derecho de acceso al agua es un derecho supraconstitucional, porque está definido así en acuerdos de Naciones Unidas refrendados por Costa Rica, y así lo aplicamos, en este proyecto de ley dejamos claramente manifiesto que el acceso al agua para consumo humano es un derecho humano fundamental, así como el saneamiento (este último no lo teníamos antes en ninguna otra ley).

Otro tema es el de participación ciudadana. Debo de decir abiertamente que este proyecto de ley creaba consejos de unidades hidrológicas, lo cuales defendí hasta el último momento y lamento que no esté quedando en el texto sustitutivo; sin embargo algo que nos ayudará es que el texto deja dentro de uno de sus principios que el Estado debe promover la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integral del agua en el nivel nacional, y específicamente en su art. 22 se establece que los instrumentos que crea esta ley, como el plan hídrico nacional, el balance hídrico y los planes de cada unidad hidrológica, deben someterese a consulta pública de tal manera que permitamos que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas.

Hay un punto importantísimo en relación al AyA: este proyecto de ley de aguas no se refiere a la prestación de servicios para el abastecimiento de agua potable, lo único que deja claro es que la prestación de este servicio es público, o sea mantiene y protege este fundamento para que no llegue a pasar que se privatice el servicio. El uso del agua para consumo humano es la única prioridad definida en el proyecto de ley. Otro aspecto que debo aclarar es que no es cierto que este proyecto de ley debilite al AyA porque le quita el alcantarillado, eso tampoco es así, pues no se mete con este campo.

Tampoco debilita a las ASADAS, por que este proyecto no se mete con las ASADAS. Recordemos que estas organizaciones están creadas mediante el reglamento de la Ley Constitutiva del AyA, al declarse que esta institución puede dar en delegación la potestad de prestar el servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. Por lo tanto es falso que se afecten de manera alguna estas organizaciones.

Hemos defendido por muchos años que las cuencas hidrográficas son las unidades lógicas para gestionar el recurso hídrico, de acuerdo a los conocimientos científicos y técnicos esta es la forma más conveniente y así se establece en el proyecto de ley. Dentro de las cuencas tenemos el ingreso de las aguas por las lluvias, así como la infiltración de las aguas que nos alimentan los acuíferos, tenemos la escorrentía que fluye por los terrenos y llega a los cauces y luego fluye el agua por los ríos y quebradas hasta llegar a una cuenca mayor y luego al mar. Esta es la planificación que hay que emprender con relación al agua y actualmente no tenemos ninguna ley que lo establece así, por ello esta es la primera ley en RH que nos define claramente que la planificación tiene que hacerse en función de las Unidades Hidrológicas

Además en este proyecto de ley se divide al país en Unidades Hidrológicas y crea oficinas y permite que los recursos captados por el canon de aprovechamiento y de vertidos se inviertan en estas unidades hidrológicas, permitiendo la participación, para lo cual podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley.

Otro tema importantísimo es que define el caudal ambiental, pues el único existente hoy día es la definición del ICE en función de los proyectos hidroeléctricos, no tenemos otra ley que incorpore el caudal ambiental, y esta ley sí lo hace, por lo tanto nos permite definir el caudal ambiental que tiene que ser por cuenca y en función de los organismos acuáticos que ahí identifiquemos.

Otra cosa que se ha dicho es en relación a las zonas de protección: dado a que la Sala Constitucional en texto del 2014 había dicho que podía haber vicios de regresión respecto a una disminución en el área de protección del manantial, en este texto sustitutivo se respeta lo que dice la Ley Forestal hablemos de las areas ribereñas de 10 -15 y 50mts dependiendo si es área rural o urbana, así como el área de 100 mts a la redonda de manantiales, esto se respeta tal cual está ahora.

Por otro lado que en zonas de recarga de alta importancia de cuerpos de agua subterránea, se pueden hacer declaraciones y por lo tanto definir áreas de protección o de regulación en el uso del suelo.

Otro aspecto que se incorpora es el de cambio climático, lo que significa que debemos hacer la planificación del agua y la infrastructura en función de esta realidad.

El tema de las multas, se ha dicho que este proyecto las reduce, lo cual no es cierto. De acuerdo a la Ley de Aguas de 1942 las multas van de 1 colón a 800 colones, mientras que con este proyecto pasarían de 5 a 7 salarios base, por lo tanto se fortalecen las sanciones.

Hoy día no es penalizado perforar pozos, pero con este proyecto de ley se penalizan las perforaciones que no tengan la autorización por parte de la Dirección de Aguas de MINAE, por lo que se debe contar con la concesión de aguas para posteriormente aprovecharla, estableciéndose una penalización fuerte para este incumplimiento legal.

También se incorporan sanciones y penalización para aquellos que contaminan. Técnicamente la contaminación global incluye la contaminación puntual y la contaminación difusa.

Otro aspecto relevante es que la información que generan las instituciones, actualmente se encuentra dispersa y con este proyecto de ley se establece el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico donde se centralizan datos de los monitoreos y de otra índole, que será muy útil para la planificación y la toma de decisiones.

Desde nuestra experiencia en Guanacaste, sabemos que hay muchos pozos ilegales y que se están investigando por parte de la Dirección de Aguas, pero les ha sido muy difícil actuar porque no tienen potestad de policía por lo que dependen de la Fuerza Pública, del Ministerio de Salud o del SINAC, por tal razón es importante que este proyecto les brinda la autoridad de policía, lo que significa que cuando hay una denuncia puedan ingresar a propiedades privadas para inspeccionar si hay algún aprovechamiento de agua ilegal.

Por todas las razones que acabo de mencionar, considero que este proyecto mantiene la esencia del proyecto original presentado por la Iniciativa Popular. Es penoso escuchar aseveraciones sobre privatización y que estamos entregando aguas a EEUU o al Banco Mundial, esto no es cierto, es que no se pueden decir cosas que no se pueden probar y que no tienen ningún asidero en el texto del proyecto de ley. Hemos realizado un gran esfuerzo para que los diputados mantengan los principios que fundamentan el proyecto de ley para una gestión integrada, sostenible y solidaria del recurso hídrico.