Tegucigalpa. Una fuente reveló a EL HERALDO que uno de los militares capturados en este caso confesó haber participado en el crimen y además haber recibido 500 mil lempiras para planificarlo.

Se informó que el imputado detalló la forma en la que distribuyó el dinero y se presume que habría pagado 50 mil lempiras a cada uno de los sicarios que participó en el asesinato ocurrido la madrugada del 3 de marzo.

Es decir que unos 200 mil lempiras fueron a parar a manos de los asesinos de la ambientalista.

Y es que según conoció EL HERALDO, existe un video tomado por una cámara de seguridad de la colonia en la que habitaba Cáceres en La Esperanza, Intibucá.

El material visual muestra a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida en la madrugada del día de su muerte.

Se informó a EL HERALDO que este video fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su debido análisis.

Sin embargo, la cinta no aportaba imágenes claras, por lo que elementos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que colaboran en el caso, procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo.

La fuente dijo que en el video se observa el carro utilizado por los sicarios, que está en poder de las autoridades para su investigación.

De acuerdo a lo confirmado por personas que participaron en la audiencia inicial de cuatro de los cinco capturados por este crimen, el video se presentaría como parte de los elementos probatorios en el caso.

Sin embargo, uno de los apoderados legales de la familia de Cáceres dijo a este medio de comunicación que el video no fue reproducido en la audiencia inicial.

Se presume que uno de los sicarios que aparece en la cinta es la sexta persona acusada por la Fiscalía, y que permanece prófuga de la justicia. Las autoridades sospechan que esta persona huyó a Estados Unidos.

Según Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, esta sexta persona fue buscada por agentes de la ATIC y elementos de la Policía Militar en Trujillo, Colón, el pasado lunes cuando se puso en marcha la Operación Jaguar.

Prisión

En esa operación se logró la captura de cuatro de las seis personas acusadas por asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de tentativa en contra de testigo protegido.

Es de recordar que el día de su muerte, Cáceres era acompañada del también ambientalista de origen mexicano Gustavo Castro, único testigo en el caso.

A prisión

Pasadas las 4:30 de la tarde de ayer, el juez con jurisdicción nacional que desarrolló la audiencia inicial para los cuatro imputados resolvió enviarlos a prisión.

Los imputados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, bajo la figura penal del auto de formal procesamiento con prisión preventiva, por peligro de fuga y falta de arraigo.

Los imputados en esta audiencia son Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de la misma empresa.

Además, compareció el mayor de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz Chávez, quien se desempeñaba como instructor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembro de las Fuerzas Especiales.

Militares implicados

El cuarto encausado es Edilson Atilio Duarte Meza, contratado supuestamente como sicario.

“Siempre dijimos que lo que estábamos buscando es auto de formal procesamiento y se logró”, expresó el director de comunicaciones del Ministerio Público al informar el dictamen del juez.

Ambos militares señalados en el caso habían sido remitidos uno al Primer Batallón de Infantería y otro al Segundo Batallón Táctico Especial.

Sin embargo, a petición de la Fiscalía y de la familia de Cáceres, el juez determinó enviarles a la Penitenciaría.

La larga jornada judicial inició el viernes a las 9:30 de la mañana y fue suspendida el sábado a las 3:30 de la madrugada para ser reanudada a las 10:00 de la mañana de ese mismo día. A las 3:00 de la tarde del sábado, la audiencia concluyó y se informó que la resolución sería dada a conocer hasta el domingo a las 4:00 de la tarde.

Pruebas

En esta audiencia, ambas partes presentaron sus elementos probatorios y en el caso del Ministerio Público, solicitó una ampliación del requerimiento fiscal para un quinto acusado.

Esta persona responde al nombre de Emerson Eusebio Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte. A este se le encontró en su casa de habitación, en La Ceiba, el arma con la que le dispararon a Berta Cáceres.

En un inicio el joven, que también fue capturado en la Operación Jaguar realizada el lunes, fue desvinculado del caso y sometido en los tribunales de esa ciudad a una audiencia de declaración de imputado por el delito de tenencia ilegal de armas. Pero un examen de balística permitió corroborar su participación.

Duarte fue trasladado a Tegucigalpa y permanece preso en la Penitenciaría Nacional por la detención judicial que se le dictó en La Ceiba. Esta semana se le realizará la audiencia de declaración de imputado.

Escuchas

Tal como lo reveló EL HERALDO, las escuchas telefónicas fueron clave para dar con el paradero de los involucrados en el crimen.

Uno de los abogados que participó como observador en el caso dijo que en las escuchas se corroboró la participación de los acusados.

Detalló que ellos dialogaron sobre el hecho cometido y sobre el monto acordado para dar muerte a la lideresa indígena.

Confirmó además que ellos utilizaban lenguaje en clave que fue descifrado por las autoridades de investigación.

EL HERALDO reveló que luego del análisis de los escenarios en los que se desarrollaba Cáceres, las autoridades identificaron a un grupo de al menos siete personas para las que se ordenó la intervención telefónica. Además se informó que entre las personas investigadas hay un vicealcalde, un diputado y empresarios.

Días atrás, el director de la ATIC, Ricardo Castro, dijo que las indagaciones en este caso continuaban abiertas y al consultarle sobre si faltaban capturas, dijo que habían más de dos. Para ese momento se había capturado a cuatro de los cinco encausados.

Castro mencionó que entre ellos estaba la persona que había disparado contra Cáceres y el resto eran autores intelectuales.

De acuerdo a lo informado por EL HERALDO, fue Sergio Rodríguez quien contrató los servicios del mayor Mariano Díaz para que este elaborara el plan de inteligencia. Díaz fue contactado por el exteniente Douglas Bustillo, quien habría contratado al supuesto sicario Edilson Duarte.