Una iniciativa de ley busca legalizar la minería metálica a cielo abierto con uso de cianuro y los lugares se ubican en reservas forestales y Territorios Indígenas,

Entre los puntos que llaman la atención de los ecologistas está la propuesta de trasladar la potestad de otorgar las concesiones de explotación minera del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) al de Economía Industria y Comercio, “entidad que carece de herramientas técnicas y científicas para evaluar las consecuencias de un proyecto de extracción de metales a cielo abierto”, señaló la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (Fecon).

El presidente de Fecon, Henry Picado Cerdas, advirtió que “dichas explotaciones podrían abarcar vastas extensiones por plazos de veinticinco años, prorrogables por diez años más. Estas concesiones podrían estar en reservas forestales y Territorios Indígenas” detalló. 

Los ecologistas de Fecon también llamaron la atención sobre cuestiones retóricas que parecen decir una cosa y dicen otra, como por ejemplo, en el texto del proyecto que tienen en sus manos se dice que “se prohibe la gran minería, pero en la práctica seguirá estando abierta a megaproyectos porque se permitirían extracciones con magnitudes iguales o menores a las 150 mil toneladas mensuales, lo que expondría al país a la explotación minera a cielo abierto en una categoría similar a lo impulsado por Infinito Gold en Crucitas de Cutris de San Carlos”.

Picado Cerdas recordó que la Concesión a Infinito Gold fue revocada en 2010 luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo la declarara sin efecto por haber sido otorgada con rregularidades por la administración del expresidente Oscar Arias Sánchez.

En nuestro país existe una moratoria a la minería a cielo abierto y al uso de cianuro y otros químicos muy peligrosos para la vida y el medio ambiente que está vigente.

Según Fecon, en la propuesta de proyecto que coordina la diputada María José Corrales, de Liberación Nacional, se reducen las posibilidades de objeción por parte del público en general al otorgamiento de concesiones, dando un plazo de solo quince días para presentar los argumentos contra el proyecto minero que se adversa, ante la Dirección General de Geología y Minas (DGGM), un plazo insuficiente para recabar los requisitos que se piden.

Además, les llama la atención que la propuesta dice que "estas objeciones no serían vinculantes en el proceso de concesión" y que las empresas mineras no estarían sujetas a inspecciones ambientales más allá de las realizadas por la DGGM. Y que todos los informes de actividades que las empresas mineras brinden a esta entidad serían "confidenciales" y no se podrían evaluar por ninguna entidad pública que no sea la Dirección de Geología y Minas. 

Gozarían de exenciones tributarias. Las empresas mineras sólo tendrían que pagar un canon por explotación minera de tres salarios base por hectárea explotada anualmente; mientras que el Estado cobraría sólo un 4% de las ganancias brutas de la minera, por un impuesto municipal que corresponderá al lugar donde se explota el yacimiento.