A raíz de las denuncias de un ciudadano, la Defensoría creó una comisión interinstitucional para investigar el tema, la cual concluyó que el glifosato es un plaguicida de alta peligrosidad con posibles efectos graves e irreversibles en la salud.

En particular se documentó el potencial del glifosato como cancerígeno, con base en estudios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la comisión participaron representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Ambiente y Energía y Trabajo, así como el Colegio de Médicos y la propia Defensoría de los Habitantes.

El Servicio Fitosanitario del Estado tiene registrados 79 productos con glifosato, cuyo uso está autorizado en 32 cultivos agrícolas exclusivamente. No obstante, dicho productos son utilizados para el control de malezas en zonas públicas urbanas como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y áreas verdes.

La Comisión consideró que es necesario prohibir el uso del glifosato, sus sales y formulaciones que las contengan, en particular considerando que existen alternativas químicas y no químicas a dichas sustancias.

Por tanto, ante la evidencia científica analizada por la Comisión Interinstitucional, la comisión considera que el principio precautorio debería ser el elemento rector en la toma de decisiones con respecto a dicho plaguicida.

“Preocupa a la Defensoría que la exposición de la población en general a productos que contienen glifosato es extendida y recurrente.  Dicha exposición aumenta debido al uso incompleto o incorrecto del equipo de protección personal que, además, no se adapta a las condiciones climáticas del país, la falta de capacitación y licencia en el manejo y uso de plaguicidas y la falta de exámenes médicos pre exposición y periódicos”, indica un comunicado de la entidad.

La Defensoría pidió al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que en el plazo de 15 días emita un informe en el que se detallen las medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones, el plazo en el que se ejecutarán dichas medidas; y los funcionarios que estarán encargados de su ejecución.