Las dos partes cumplieron. Las empresas de taxi se lanzaron a la calle esde las primeras horas de la mañana para intentar paralizar las principales vías.  Los bloqueos se concretaron en puntos vitales como la rotonda de la Hispanidad en San Pedro, la Vía 27 (a Caldera), la 32 (a Limón), la autopista general Cañas, en Curridabat a la altura de la Galera y en la salida de Cartago a San José, entre otros.

De su lado, el gobierno respondió prontamente para disolver los bloqueos donde las unidades de taxi se hallaban detenidas. En algunos puntos se presentaron enfrentamientos y al menos un par de oficiales sufrieron lesiones, mientras que decenas de taxistas fueron detenidos.

En donde la táctica de los taxistas fue el tortuguismo, la Policía de Tránsito los obligó a ubicarse en un solo carril y habilitó los otros carriles para que los demás vehículos pudieran movilizarse, aunque lentamente.

El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, informó hacia las 10 de la mañana que las medidas habían sido efectivas y que ya muchos taxistas habían abandonado la protesta, al tiempo que hizo un llamado a los restantes para que depusieran la actitud.

El funcionario insistió en que el gobierno ha actuado en este conflicto de los taxistas con Uber dentro de sus competencias legales y recordó que el tema solo puede resolverse en los tribunales de justicia que en última instancia decidirán si el sistema de transporte público manejado desde un portal de Internet es legal o no.

 

Taxistas desesperados

Según una encuesta reciente de Cid Gallup, el sistema Uber ha arrebatado a los “taxis rojos” el 35% del mercado nacional. Sin embargo, los propios taxistas estiman que la demanda ha caído para ellos en un 50%.

La situación ha dejado en situación crítica a muchas de estas personas, cuyas familias dependen totalmente de su trabajo.

La dirigencia del gremio ha insistido en que la prestación del servicio en las condiciones en que las ofrece Uber es ilegal, pues saltan por encima de las regulaciones que la ley establece para el transporte público, como el pago de cánones por la concesión y las revisiones técnicas periódicas, entre otras.

La existencia de una competencia que pasa por encima de todos esos requisitos, alegan, es desleal y contraria al ordenamiento jurídico.

La sala constitucional conoce un recurso de inconstitucionalidad presentado por diputado Otto Guevara contra la ley que regula los servicios especiales de taxi (Seetaxi) que  afectaría también a las personas que trabajen bajo el amparo de Uber.