En ese periodo, la Asamblea Legislativa tendrá que ajustar el marco jurídico del país. Si los diputados no lograran llegar acuerdos sobre la materia, quedará derogado el inciso del Código de Familia que expresamente prohíbe los matrimonios igualitarios y el Estado deberá inscribirlos.

La resolución desató una ola de críticas por parte de activistas, de la Defensoría de los Habitantes y de expertos que consideraron injustificable la decisión de posponer la aplicación de la sentencia internacional por 18 meses, posición que mantuvieron dos de los integrantes de la Sala: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y la magistrada Nancy Hernández.

Magistrado de la Sala IV, Fernando Castillo, que actuó como vocero del tribunal, explicó que “es una sentencia con efecto futuro que declara una inconstitucionalidad pero para evitar graves dislocaciones se prolonga por 18 meses la vigencia de la norma inconstitucional del artículo 14 inciso 6 del Código de Familia".

La Sala Constitucional, agregó Castillo, delegó en el Parlamento, con base en los párrafos 226, 227, 228 de la Opinión Consultiva de la CorteIDH que especifican que habrá un plazo para que los Estados adecuen su legislación, la tarea de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, por eso “la prohibición del artículo 14 inciso 6 se mantiene durante 18 meses más".

El Defensor de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, consideró que la Sala IV perdió una oportunidad histórica en la defensa de los derechos humanos, porque en lugar de llegar a una resolución completa de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra artículos del Código de Familia, genera un fallo “incomprensible” y contradictorio que declara la inconstitucionalidad pero decreta la vigencia de esa norma inconstitucional por 18 meses más, precisó.

Para Cordero "la norma que es declarada inconstitucional debería dejar de estar vigente de inmediato y no esperar 18 meses para que, en un caso u otro, desaparezca".

En una comunicación anterior de la Defensoría de los Habitantes a la Sala IV, le recordó a los Magistrados que “la Opinión Consultiva de la Corte IDH envió un mensaje contundente sobre el reconocimiento de la dignidad y los derechos de la población LGTBI; al ordenar que se garanticen todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales”, con la intensión de aportar a los argumentos del dictado que debería dar la Sala Constitucional.

Ante una consulta del Estado costarricense, la Corte IDH emitió una sentencia en enero pasado en la que señala que todos los estados miembros del sistema interamericano de derechos humanos están obligados a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La notificación del fallo se produjo en un momento álgido para el país, que se hallaba en pleno proceso electoral. El tema se convirtió en el eje de la campaña y catapultó al candidato evangélico Fabricio Alvarado (Restauración Nacional) por su postura radical en contra de la decisión.