La extinción de dominio es un proyecto que busca debilitar el poder económico de las organizaciones criminales mediante la confiscación de bienes que se sospecha provienen de la actividad delictiva. Es una estrategia utilizada por los sistemas de justicia de muchos países.

Del proyecto, que fue elaborado por el Poder Judicial, el dictamen de mayoría de la comisión legislativa excluye conductas delictivas como las mencionadas: enriquecimiento ilícito, contrabando y corrupción.

La decisión es contraria a las recomendaciones hechas por la fiscal general, Emilia Navas, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, y el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza.

“El tema de la lucha contra la corrupción es una prioridad en las políticas del Poder Ejecutivo, por lo que no considero que esta acción de eliminar estos delitos sea acorde con la política del Estado en esta materia”, expresó la ministra.

“Con todo respeto, hago un llamado para que en el debate de este proyecto en el Plenario se consideren estas preocupaciones y se permita que el resultado final represente un fortalecimiento real de la lucha contra el crimen organizado”, expresó la ministra González.