Sexualidad

Grupos evangélicos cerraron escuelas este mes para impedir inicio del curso lectivo.

La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por una madre de familia en contra de los programas de Afectividad y Sexualidad que imparte el Ministerio de Educación Pública a estudiantes de secundaria.

Por Oscar Núñez Olivas. - “Ideología de género” es una expresión que se escucha por todo lado. Se ha puesto en boga, en medio de esta campaña electoral desaforada, para referirse a diferentes cosas. Para muchas personas, según he visto y escuchado, contiene una connotación maligna, pero estoy casi seguro de que tanto para ellas -como para la gran mayoría de la gente- sería difícil explicar qué se trata la ideología de género. Esto es así, en buena medida, porque la expresión misma carece de sentido.

 Pese a las amenazas de boicot, el curso lectivo inició este jueves con normalidad en la inmensa mayoría de los centros educativos del país, donde 943.000 estudiantes cursan los distintos niveles desde preescolar hasta el tercer ciclo de la enseñanza general básica.

La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, hizo un llamado a los padres y las madres de familias para que acudan a los centros educativos donde estudian sus hijos y pidan información sobre los programas de afectividad y sexualidad que son impartidos en escuelas y colegios.

El economista Leonardo Garnier, tres veces ministro en gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN), entre otros cargos, arremetió contra el candidato presidencial de su partido, Antonio Alvarez Desanti, acusándolo de sumarse a una campaña fundamentalista contra la libertad y la igualdad de derechos de las personas.

Los embarazos prematuros limitan las posibilidades de educación de las adolescentes.

Cerca de la mitad de las mujeres y dos tercios de los hombres inician su vida sexual antes de cumplir los 18 años, lo cual conlleva riesgos importantes para los jóvenes, como los de contraer una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo prematuro.

¿Tiene una persona derecho a modificar su nombre según su identidad de género? ¿Debe el Estado reconocer ese cambio de nombre mediante un proceso ágil y gratuito en la vía administrativa?

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